El Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizará el próximo 22 de enero en Ginebra el grado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por España en esa materia en base al último informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que considera que “pese a algunos avances importantes”, en nuestro país persisten algunos “déficits” susceptibles de mejora en la lucha “contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia e intolerancias similares”. Además, subraya su “seria preocupación” por la “estigmatización” de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).
El dictamen que será sometido a debate en Suiza, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, incluye múltiples referencias a la situación en Ceuta y Melilla, protagonistas principales de su diagnóstico y de las recomendaciones que de él se derivan. Así, por ejemplo, considera que el Gobierno de España “debería facilitar los procedimientos para la identificación y derivación de personas que necesiten protección internacional en los puestos fronterizos, incluido su acceso seguro a las ciudades autónomas”.
También aconseja que las autoridades españolas “adopten medidas para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo” y que den a las personas de ascendencia africana “acceso a garantías procesales para impugnar su detención”.
“El CETI en Ceuta tiene capacidad para hasta 510 personas, pero alberga un promedio de 600 personas, niños incluidos”, critica ACNUR sobre las instalaciones del Tarajal, que han comenzado este año con 693 acogidos pese a que durante 2019 únicamente recibió a 1.229 migrantes, el número más bajo de la última década.
El Alto Comisionado considera que España tiene que “mejorar efectivamente” las condiciones de recepción de potenciales solicitantes de protección internacional en las dos ciudades autónomas, “garantizar mecanismos adecuados para la identificación temprana y el apoyo a las personas con necesidades específicas”, “promover la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con el género y la edad en relación con la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género y la trata de personas” y conseguir que los solicitantes de asilo solo permanezcan en Ceuta y Melilla “unos días” antes de ser trasladados a la península.
También recomienda “garantizar la libertad de circulación de los solicitantes de asilo desde los CETI al continente en los mismos términos que en el resto del país y regular por ley sus transferencias al continente”, poniendo fin a su confinamiento en Ceuta y Melilla, una práctica reiteradamente sancionada por los Tribunales sobre la que el Supremo está pendiente de sentar jurisprudencia definitiva.
A pie de frontera el análisis reproduce una “seria preocupación” por las ‘devoluciones en caliente’ y “por los frecuentes informes de denuncias de malos tratos en el contexto de la expulsión de inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, tanto por las autoridades españolas como por las marroquíes que actúan en suelo español”.
El informe dedica un apartado especial a las condiciones de acogida de los menores en los CETI, donde critica que no se garantice su permanencia con sus familias, y recomienda “establecer centros de acogida adaptados a los niños para niños no acompañados en Ceuta y Melilla con mecanismos efectivos para recibir y atender sus quejas e investigar eficazmente los casos denunciados de malos tratos”.
El Comité está “seriamente preocupado” por “la persistente discriminación de facto contra los niños por discapacidad, origen nacional o situación socioeconómica”. Además, expresa su inquietud por “la persistencia, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, de la discriminación racial y la estigmatización de los niños romaníes o con antecedentes migratorios.
Por ello el Comité insta a España a “reforzar las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad” y para “garantizar la plena aplicación de leyes vigentes relevantes que prohíben la discriminación”. En concreto recomienda incrementar “las campañas de educación pública” frente al rechazo a los menores con antecedentes extranjeros, solicitantes de protección o con discapacidad.
El dictamen aconseja, en relación con los menores no acompañados identificados solicitantes de asilo, “promover su transferencia periódica a centros en el continente europeo donde sus necesidades especiales podrían abordarse de manera más adecuada” que en las ciudades autónomas”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España debe “garantizar una protección legal efectiva para los niños no acompañados en todo su territorio” “asegurar que se aplique el principio de no devolución y que sus mejores intereses se tienen en cuenta como consideración principal”. A tal efecto recomienda brindar “capacitación adicional y orientación a los profesionales relevantes sobre la evaluación del interés superior del menor”. Igualmente aconseja “desarrollar un protocolo uniforme sobre los métodos de determinación de la edad para todo el territorio del Estado que sea multidisciplinar y respetuoso de los derechos humanos y se use solo en casos de dudas serias sobre la edad y en consideración de documentales u otras evidencias disponibles”. En paralelo, apuesta por “establecer centros de recepción amigables para los niños mecanismos de queja efectivos y accesibles que faciliten investigar a fondo cualquier caso de violación de los derechos de los menores”. Además exige “poner fin a la práctica del retroceso automático asegurando que todos los procedimientos y las normas están de acuerdo con su condición de niños y con las normas nacionales y la legislación internacional”.
“Acceso seguro” y procedimientos “justos”. El Alto Comisionado recomienda a España que “adopte medidas para garantizar que los niños tengan acceso seguro a los territorios de Ceuta y Melilla y a procedimientos de asilo justos y eficientes independientemente de su país de origen o modo de entrada”. También exige que se “garantice el derecho a la unidad familiar de los niños refugiados” y que se “mejore” la identificación temprana de las necesidades de protección de los menores extranjeros no acompañados o niños separados”.
Evaluación periódica. La reunión de Ginebra, que estudiará el día 22 la situación en España, se inscribe en el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso singular que incluye una radiografía de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un marco dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos que, además, ofrece a cada país “la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado sobre derechos humanos y para cumplir con sus obligaciones en la materia”.
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