La falta de rigor y, a veces, de escrúpulos, a la hora de gestionar el dinero público por parte de nuestros principales responsables políticos, a menudo, provoca lo que hemos venido observando que ocurre en las tan controvertidas adjudicaciones y contrataciones de servicios públicos de nuestra ciudad con las empresas mercantiles.
Y no hace falta irse muy lejos. Es el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la empresa municipal ACEMSA de nuestra ciudad, donde en una reciente contratación del servicio de saneamiento, estamos observando cómo un supuesto “error”, no sólo ha dejado la puerta abierta a la incertidumbre, sino también a una grave inseguridad jurídica, y posiblemente, a numerosas ilegalidades. No olvidemos que, además del supuesto error con una diferencia de millones de euros en el precio del contrato, dicho contrato se habría adjudicado con una baja posiblemente temeraria del 52,5%. Todo ello, evidentemente, podría provocar unas fatales consecuencias para el interés general. Esas manifiestas irregularidades, está claro que podrían afectar tanto a la calidad del servicio que se debe prestar, como, evidentemente, a nuestras propias arcas públicas.
Desgraciadamente, los ceutíes ya estamos acostumbrados a oír de esas famosas argucias que son tan habituales en los procesos de adjudicación y contrataciones de servicios a través de nuestras empresas públicas. Y así, en concreto, el problema de las bajas temerarias, hay que tener muy en cuenta que no son un tema baladí, por más que nuestros responsables políticos insistan en hacernos creer que forman parte del normal proceder en los procesos de adjudicación.
Como sabemos, el tratamiento que se le da a esas ofertas tan a la baja, no sólo comprometen y ponen en riesgo el ejemplar trabajo de los técnicos que, no les queda otra que adaptarse a los criterios del político o política de turno, sino también y sobre todo, el interés general. Por experiencia, ya sabemos que, ese supuesto ahorro que suponen esas ofertas tan sospechosamente bajas, en la práctica, muy a menudo, sólo supone y tienen como principal objetivo, asegurarse la adjudicación del contrato por el empresario o empresaria de turno; puesto que en la mayoría de las ocasiones, como hemos podido comprobar tantas veces, finalmente, siempre se acaba ampliando de nuevo el contrato, inyectando así un importe de dinero mucho mayor a esas mercantiles para que se pueda prestar eficazmente el servicio público, aludiendo a unas “nuevas necesidades” como excusa. Un ahorro ficticio que, a posteriori, lógicamente, se convierte en un mayor gasto para las arcas públicas. Y es que, recordemos que “quien hizo la ley, hizo la trampa”, pero claro, aquí la trampa la pagamos entre todos.
Y es aquí, en este contexto, donde los tiburones del negocio han encontrado en Acemsa, nuestra “empresa del agua”, su hábitat perfecto. Empresarios “vip” que sólo buscan maximizar sus beneficios, pretendiendo que sea a coste cero y, sin importarles lo más mínimo que con ello se comprometa seriamente el servicio público que se debe prestar a los ceutíes, el dinero público que sale del bolsillo de los ceutíes, y en definitiva, el interés general de la ciudadanía.
Escualos que nadan a sus anchas en estas cómodas aguas, acostumbrados a que nadie los moleste, con el beneplácito y la connivencia de quienes se supone deberían velar porque se cumpla la legalidad y porque se garantice la transparencia y el buen hacer en la gestión de los intereses públicos.
Y con la presencia de depredadores insaciables que creen estar por encima del interés general, y que ven el dinero público como un gran pastel a repartir, es evidente el riesgo que corren nuestras arcas públicas. La nefasta gestión política basada en amiguismos e intereses particulares, supone un total desastre para nuestra ciudad.
No obstante, habrá que recordarles que hay algo por encima de todo que hay que respetar, les guste o no. Y es la Ley, que cuando no se aplica por parte de nuestros responsables políticos de manera rigurosa, ya están los tribunales de Justicia para aplicarla.
Sin embargo, está claro que, siempre hay oportunidad de corregir los “errores” y de dar solución a todos estos problemas que afectan directamente al interés general. Muy simple: rigor en la aplicación de la ley, aplicación de mecanismos justos en los procesos de adjudicación y, sobre todo, tener como principal y único objetivo el interés general en la gestión política. Así de simple.
