Acemsa prevé acometer a lo largo del presente ejercicio
cerca de 150 proyectos de inversión para seguir mejorando la gestión del ciclo integral del agua en Ceuta con actuaciones de implantación, mejora o sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento por toda la ciudad; de instalación de nuevas conducciones de pluviales y fecales; y de introducción de tecnologías de la información y la comunicación de última generación, entre otras.
Los ejecutados el año pasado en un número parecido permitieron reducir un 4,67% el volumen de agua suministrada a diario a la población, que pasó de 24.800,14 metros cúbicos al día en 2019 a 23.641,18 el ejercicio pasado “como consecuencia de las actuaciones que han ocasionado una mejora en la localización y reparación de fugas”.
No es sólo agua, que también, sino también dinero contante y sonante: la compra de agua desalada se redujo el año pasado un 11,37%, pasando de 8,6 millones de metros cúbicos a 7,6 durante 2020.
Este año se prevé ir al menos un 2,5% más allá en términos de demanda a satisfacer “como consecuencia de la continuación de la sectorización emprendida en los últimos ejercicios, el amplio plan de mejoras de los servicios acometido y la localización y reparación de fugas, pilares en los que se apoya la línea de actuación base en abastecimiento”.
Si todo marcha según lo previsto, la empresa pública podrá “consolidar” un descenso en el suministro que lo rebaje a 23.000 metros cúbicos diarios, sensiblemente por debajo de la capacidad de producción de la desaladora, cifrada en 32.000 cada 24 horas tras su última ampliación.
Las lluvias registradas durante los primeros meses de 2021 están remando a favor y de hecho la semana pasada
permitieron a Acemsa por primera vez en un lustro parar la producción de la planta por el volumen de recursos embalsados, decisión que en función de la evolución pluviométrica se espera poder mantener hasta finales de la primera semana de abril con el consiguiente ahorro económico.
La pandemia dificulta el control de los fraudes
Acemsa vio rebajada durante el año pasado su cifra de negocios en casi 16.000 euros debido a “la reducción en la facturación de liquidaciones de fraude como consecuencia de la disminución de los trabajos de inspección a causa de la declaración de pandemia por la expansión de la COVID-19, que ha forzado un menor control sobre los fraudes de los abonados”, según reconoce la Memoria de Gestión 2020 de la sociedad pública, que cerró el ejercicio pasado con “total normalidad” en lo que a la prestación de servicios encomendados se refiere y con una “absoluta ausencia de alteraciones significativas” y “total cobertura de objetivos”.