La accesibilidad cognitiva es una llave que permite abrir la puerta a derechos como la salud, la educación, la información, la cultura o el empleo. Sin ella, hay personas que no pueden utilizar recursos tan imprescindibles como un hospital o una administración pública, y no pueden ejercer con garantías otros derechos, como el voto. De ahí la importancia de garantizarla.
Deteniéndonos ahora en el concepto: ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? La accesibilidad cognitiva es la propiedad de los entornos, edificios, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de entender. En definitiva, entendemos por accesibilidad cognitiva la característica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace posible que los puedan entender todas las personas.
La accesibilidad cognitiva ayuda a las personas a comprender el mundo que las rodea. De lo contrario, se convierten en seres pasivos cuyas acciones dependerán de otras personas. Los entornos difíciles de entender generan incertidumbre, ansiedad, dependencia y pasividad, lo que limita la capacidad de tomar iniciativas y la vida social.
Si la propia definición del concepto evidencia la importancia de garantizar este derecho, la amplitud de la población que se beneficia de la accesibilidad cognitiva la hace aún más imprescindible: personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, trastornos mentales, mayores con problemas cognitivos asociados al envejecimiento, personas en una situación de estrés temporal, analfabetas o que no conocen bien la lengua o la cultura del país.
Por ello, los Estados Partes reconocieron en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, la educación, la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Pero este texto que recoge el compromiso de los Estados Partes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad va más allá, haciendo especial hincapié en la accesibilidad cognitiva. Por ello, indica que las medidas de fomento de la accesibilidad se aplicarán a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Sin embargo, las legislaciones parecen no dar la cobertura que deberían a la accesibilidad cognitiva. Además, el último estudio realizado por Plena inclusión bajo el título ‘¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora’, indica que las prestaciones que se centran en la accesibilidad no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva. Otro aspecto más que evidencia la falta de atención hacia esta.
En la actualidad, la forma en que se presenta la información de interés general, como por ejemplo boletines oficiales, ofertas de empleo, informaciones públicas, sesiones plenarias, sentencias, formularios etc., sigue generando dificultades de comprensión para muchas personas.
Por ello, desde Plena inclusión Ceuta reivindicamos la inclusión de la accesibilidad cognitiva en todas las legislaciones relativas a la accesibilidad, así como el impulso, desde los poderes públicos, de medidas destinadas a cumplir estas leyes, facilitando así a numerosos ciudadanos el disfrute de derechos fundamentales que en la actualidad están lejos de su alcance.
