Hoy más que nunca hemos de estar con las víctimas del terrorismo tras la sentencia dictada por el TEDH de Estrasburgo del que hace parte un español avalado por el entonces Gobierno socialista, un español que como mínimo debió abstenerse y como más, emitir un voto particular a la decisión adoptada. Hoy, al igual que a las víctimas del terrorismo, nos desgarra el alma la impotencia y el dolor que nos deja a todos los demócratas una resolución irrecurrible como también lo fue, aquélla miserable y cobarde decisión del “tiro en la nuca” contra nuestros más insignes compatriotas. Nuestras lágrimas entonces unidas a las suyas al perder un ser querido, un pariente, un amigo, un ser humano conocido sólo por referencias o a causa de tan trágicos sucesos, se nos suma hoy una resolución incomprensible nada más y nada menos que de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos lamentablemente erigido en el gran valedor de los derechos humanos de execrables terroristas obviando el cúmulo de asesinatos en su haber y para quienes ningún valor han tenido los derechos humanos de sus víctimas.
Víctimas son todos aquéllos que han sufrido en carne propia el dolor del terrorismo y sus familias más directas; víctimas somos todos los demócratas que condenamos el terrorismo, los que lo hemos vivido y sufrido en esta España nuestra, y víctima también lo es el estado de derecho al que se ha pretendido desestabilizar a través de la extorsión y el asesinato. El Gobierno del Partido Popular ha utilizado todos los recursos que tenía a su disposición para que la doctrina Parot avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se mantuviese como resarcimiento moral a las víctimas y como el más eficaz instrumento en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos.
España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha sido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, quienes han establecido que las sentencias del Tribunal Europeo son de obligado cumplimiento para todos los poderes del Estado; por tanto, la sentencia del TEDH ha de ser cumplida y ejecutada por los Tribunales de Justicia en España; en este caso, por la Audiencia Nacional con total independencia. Si las decisiones de la Justicia conllevaran eventuales excarcelaciones, el Gobierno va a seguir actuando en el marco del Estado de Derecho. Por tanto, el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley; y en el caso que nos ocupa, significa velar porque no se produzca ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas.
La lucha contra el terrorismo va a continuar con absoluta firmeza. Con las modificaciones legales que ya se han introducido y las que ahora se están tramitando, no volverá a ocurrir en España que un asesino tenga un reproche de un año por cada uno de los muertos; por tanto, esta sentencia del TEDH no cambia la política penitenciaria del Gobierno, ni altera el firme compromiso del Ejecutivo de trabajar incansablemente hasta conseguir la total derrota de la banda terrorista hasta conseguir la total entrega de las armas, el cumplimiento íntegro de las penas y en su día tras la reforma del C.P. la prisión permanente revisable para el caso de total arrepentimiento y no sin antes pedirle perdón a sus víctimas; es la única respuesta del Estado de Derecho.
