Los abogados que prestaron asistencia letrada a los más de cien subsaharianos devueltos a Marruecos continúan trabajando para presentar el recurso de alzada de forma indivualizada ante el Ministerio de Interior. De momento, los abogados recurren una a una las devoluciones los inmigrantes. En la jornada del lunes los letrados han mantenido una reunión para unificar los criterios a seguir en la solicitud de la anulidad del procedimiento.
En una Comisión de Extranjería, se han analizado todas las opciones posibles, incluso las que van más allá del primer recurso establecido por la Ley, el de alzada. Los abogados que protagonizaron la firma de los expedientes de devolución el pasado jueves han distribuido el trabajo de cara a futuras reuniones y plantean ir hasta el final, analizando todas las opciones estratégicas y teniendo en cuenta las consecuencias de haber recuperado un Acuerdo inutilizado durante más de diez años y que nunca se aplicó ante tal cantidad de personas.
El proceso promete ser largo y, si la Administración deniega el recurso, la siguiente vía sería el contencioso-administrativo.
¿Se debería haber comunicado?
Los abogados no conocieron la aplicación del Acuerdo de Readmisión firmado con Marruecos en 1992 hasta el momento de su aplicación, cuando los subsaharianos fueron llevados a la frontera del Tarajal y entregados a las autoridades marroquíes. Horas antes habían firmado los expedientes de devolución a la espera de que, en el caso de que no se llevase a cabo el procedimiento habitual de ingreso en el CETI, los inmigrantes fueran trasladados a un CIE en la península.
Esta "sorpresa", tal y como la calificaron hace unos días, fue determinante en la defensa de los clientes, garantizada por ley. Abogados que trabajaron en la noche del operativo en la que se firmaron los expedientes aseguran que su estrategia hubiera sido distinta de conocer la recuperación de este convenio entre estados.
Halid Mustafa, uno de los abogados, llegó a concretar con sus clientes una visita al CETI de Ceuta a lo largo de esta semana para establecer una estrategia de defensa. Su objetivo, asegura, era entrevistarlos en un mejor estado. Detalla que, cuando llegaron a la Jefatura, no estaban en las mejores condiciones para realizar una entrevista. "Llevaban muchas horas sin dormir. Cuando llegan, quieren comunicar que han llegado. Sus madres no sabían si estaban muertos o detenidos. Entre tantas distracciones, a veces es imposible: olvidan detalles que nos son relevantes para frenar la devolución. Cuando en ese momento no caen es mejor darles tiempo y hacer una entrevista en condiciones en los días posteriores", explica el letrado.
La devolución, según el artículo 58 de la Ley de Extranjería, se debe realizar en un plazo de 72 horas. En el caso de que no fuese posible, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión, en un CIE. Habitualmente, cuando llegan a Ceuta, suelen ser internados en el CETI, algo con lo que contaban los abogados para argumentar la defensa de sus clientes, en la que, sostienen, partieron en desventaja.
Una opción contemplada por la Ley para paralizar la expulsión, agilizada a apenas 24 horas por la recuperación de las relaciones con Marruecos, es la tramitación de una solicitud de asilo. Jaled explica que los subsaharianos conocían los trámites habituales al estar en contacto con amigos y familiares en España. Pero también conocían la realidad de Ceuta y, al igual que los abogados, valoraban los trámites habituales: "Ellos saben que si piden asilo en Ceuta se tienen que quedar bastante tiempo en la ciudad hasta que resuelvan la solicitud. Sin embargo, si no lo hacen, en seis o nueve meses suelen estar en la península. Ceuta es ciudad de paso para ellos y aquí no se quieren quedar". Ninguno de los 118 subsaharianos solicitó asilo antes de ser devueltos a Marruecos.
De momento, los abogados exploran todas las líneas estratégicas y valoran claves como si entraba dentro de la legalidad el no advertirles de la recuperación del Acuerdo con Marruecos o si se trató de una expulsión colectiva o individual. El Colegio de Abogados no ha querido dar detalles y los abogados han distribuido el trabajo.
Días después siguen sin tener noticias de los inmigrantes: "Ellos tienen nuestros contactos, nombres, apellidos y números de teléfono. No sabemos si en el camino que les espera los conservarán o no". Si los recursos salen adelante, los subsaharianos podrían disponer de un permiso para regresar por razones humanitarias.
