La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Estado acogerá el miércoles y el jueves de la próxima semana unas jornadas bajo el título ‘Asistencia letrada especializada a infancia migrante’ a las que se han apuntado alrededor de setenta miembros del Colegio de Abogados de Ceuta con el fin de recibir formación con vistas a los cientos de procedimientos de repatriación que presumiblemente abrirá la Delegación del Gobierno durante los próximos meses sobre los niños marroquíes que llegaron solos a la ciudad a mediados de mayo y permanecen aquí.
Los ponentes serán expertos de Save The Children, La Merced Migraciones, la Fundación Raíces y ACNUR.
Tres son las sesiones programadas para la tarde del miércoles a partir de las 17.00 horas bajo el título ‘Entrevistas y asesoramiento amigable para niños y niñas en Ceuta’, ‘Identificación de perfiles vulnerables y procedimientos administrativos de protección: no devolución, protección internacional y trata’ y ‘La asistencia jurídica de niños y niñas en el procedimiento de repatriación y medidas cautelares (análisis de casos y formularios de trabajo)’.
Sus ponentes serán Jennifer Zuppiroli, especialista Infancia en movimiento de Save the Children; Darío Martín, mediador intercultural de la misma organización; Inmaculada González, abogada de Andalucía Acoge; María José Martínez, de ACNUR; y Patricia Fernández Vicens, abogada de La Merced Migraciones.
El jueves se abordará el ‘Nombramiento del defensor judicial y el rol de la fiscalía en el procedimiento de repatriación’ y las ‘Estrategias para la defensa de los intereses de los niños y niñas en el procedimiento de repatriación de menores’ de la mano de Fernández Vicens y Lide Mancisidor Etxegarai, abogada de la Fundación Raíces.
Tal y como han indicado fuentes del Colegio de Abogados, al tratarse de un turno especial, los que se impliquen en los procedimientos que se incoarán serán únicamente letrados que lo hagan de forma voluntaria.
El Reglamento de la Ley de Extranjería que la Delegación y la Ciudad intentaron regatear en agosto establece que, una vez incoados los expedientes de repatriación de menores propiamente dichos, estos tienen que tener derecho a un trámite de audiencia “para que manifiesten lo que consideren” al respecto. A él deben ser convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o el representante designado por el menor. Los abogados de oficio suelen ser los encargados de ejercer el papel de defensor judicial en los casos en que su opinión sobre el retorno sea contraria a la de la administración local.
La Delegación del Gobierno en Ceuta no ha aclarado durante toda esta semana si su titular, Salvadora Mateos, ya ha solicitado al Área de Mateos algún informe sobre los niños migrantes solos llegados a la ciudad en mayo, algo que debe hacer, como a Marruecos, antes de la incoación propiamente dicha de los expedientes de repatriación que la Administración General del Estado y la local no se cansan de decir que abrirán con el objetivo de retornar a todos los menores que sea posible.
El Reglamento de la Ley de Extranjería al que la Justicia ha obligado a someterse estipula que la delegada tiene que pedir un dictamen individual “de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda” con “cualquier información sobre la situación del menor”, así como un informe “sobre las circunstancias familiares” de cada niño a las autoridades marroquíes, que lo podrían sustituir “por la relativa a sus servicios de protección del menor” siempre y cuando su contestación “refleje expresamente el compromiso por escrito de la autoridad competente del país de origen de asumir la responsabilidad sobre el menor”.
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