La Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), una de las acusaciones populares personadas en la causa sobre
la tragedia del Tarajal del 6 de febrero 2014, se ha desmarcado de las calificaciones provisionales que aprecian en la actuación de los dieciséis guardias civiles procesados la comisión de delitos de homicidio por imprudencia y denegación de auxilio. En su escrito, firmado por el letrado Gonzalo Boye, que también defiende por ejemplo al ex presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, considera que los hechos de su relato fáctico de los hechos son constitutivos solamente de un delito de denegación de auxilio.
Por ello
no pide penas de cárcel para los agentes sino la imposición a cada acusado de una pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios y 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
DESC sí reclama que los guardias paguen 100.000 euros a la familia de cada víctima “de forma solidaria” o que, subsidiariamente, lo haga la Administración General del Estado.
También reclama que tengan que asumir las costas del caso.
De acuerdo con el relato de los hechos que incluye el Observatori en su calificación, “la actuación de los acusados generó una situación de peligro real con las fatales consecuencias de haber costado a vida a 15 personas y, al mismo tiempo, haber puesto en peligro la del resto del grupo de migrantes al hacer “un uso indiscriminado de material antidisturbios no previsto para su uso en medio acuático bolas de goma, cartuchos de proyección (fogueo) y botes de gas”.
“Muchos de los migrantes repelidos por los acusados comenzaron a ahogarse y, ante dicha situación y los reiterados gritos de socorro, ninguno de los acusados hizo nada por intentar salvarles ni prestarles auxilio alguno”, relata el escrito, que añade que “otra parte importante resultaron heridos de diversa consideración, pero, a pesar de sus gritos de socorro, tampoco se les prestó auxilio alguno por parte de los acusados”.
“En ningún momento, ante la situación de peligro en la que se encontraban las personas que nadaban hacia la costa española, se dejó de utilizar el material antidisturbios, ni se avisó a Salvamento Marítimo, ni se utilizaron los medios acuáticos de los que disponía in situ la propia Guardia Civil” concluye sin dejar de reseñar que “como resultado de la pasividad de los acusados, terminaron ahogándose en el mar 15 personas”.
La calificación de DESC se desmarca de las presentadas por CEAR, Sociedad Humana o la Asociación Coordinadora de Barrios, que sí solicitan penas de cárcel para los guardias procesados, concretamente de entre 28 y 56 años para cada uno.