Francisco Baena, “uno de los mejores
abogados penalistas de España si no el mejor” según el juez Heriberto Asencio, que le ha presentado en las XII
Jornadas Jurídicas de Ceuta, ha cerrado este viernes la cita con una ponencia titulada ‘El acusado en el juicio oral: algunas asignaturas pendientes’. Numerario de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Baena ha cambiado el tercio para abrochar el cónclave con una faena penal en la que ha coincidido con el presidente del
TSJA y el
fiscal general del Estado en que
el proceso penal “está en crisis”. “El Derecho práctico es el verdadero Derecho, el que se hace todos los días, donde nos enfrentamos a los problemas reales”, ha subrayado el letrado de Coín, que ha lamentado que “como en las novilladas baratas”, en España se han conocido desde 2011 tres proyectos de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. A juicio de Baena el “pandemonio” en que se ha convertido la faceta legisladora del
Gobierno de Sánchez tiene “en medio” a jueces, fiscales y otros agentes jurídicos, pero como principal “sufridor” al ciudadano. “Todos sabemos que si no hay acusado no hay juicio y la Ley de Enjuiciamiento centenaria extiende un enorme manto protector sobre la presunción de inocencia” que llega hasta detalles como no hablar de “imputado” sino de “sospechoso o investigado” para evitar estigmas.
El abogado cree que el acusado pasa de un día para otro de la hiperprotección referida a la vista oral, donde encuentra “tres asignaturas pendientes”. La primera cuestión es “dónde sentamos al acusado”, que vive “la soledad” del “discriminatorio banquillo” actual, aunque la tendencia parece apuntar a que en un futuro acabará ubicado junto a su defensa. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha apelado a Estrasburgo, “ha señalado que el acusado debe tener capacidad para dirigir efectivamente su defensa, sugerir preguntas a los testigos o ejercer las demás facultades que le son inherentes”. En algunos tribunales ya se ha decidido ubicar al acusado junto a su letrado, pero no permitirlo no supone una infracción todavía salvo que se acredite que durante un juicio ha habido indefensión.
El segundo objeto de conflicto es “cuándo y cómo debe declarar” la persona acusada. “Hoy hay una fuente corriente procesalista que viene reclamando que se produzca una vez que ha tenido lugar la prueba de cargo y antes de la de descargo”, ha detallado una postura que no parece compartir el Supremo. Para finalizar, el conferenciante se ha referido a “la última palabra” que el Constitucional ha vinculado con el derecho a una defensa eficaz. “¿Para qué puñetas sirve?”, se ha preguntado el abogado, que tras 56 años de profesión ha asegurado tener anécdotas para “partirse” durante horas con ese trámite. “Más allá de desahogos, lo que se dice en un momento u otro es prueba y el tribunal tiene derecho a valorar lo que se dice”, ha subrayado sobre “lo más inútil que puede existir y fuente de riesgo”. “De inservible no me bajo”, ha rematado.