El proceso judicial contra la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Mabel Deu, y la ahora exdelegada del Gobierno de España, Salvadora Mateos, por presunta prevaricación en la devolución de
niños migrantes solos ha tenido este miércoles una nueva sesión con la comparecencia de la
Abogacía del Estado y la Secretaría General de la
Delegación del Gobierno. Ni Zaida Fernández ni Ismael Kasrou han admitido haber hecho ningún asesoramiento previo a Mateos que respaldara la actuación al margen de la Ley de Extranjería. La defensa de la exdelegada del Gobierno ha presentado además hoy miércoles un escrito médico donde se afirma que la falta de capacidad volitiva de la investigada por el tratamiento oncológico que está recibiendo ha podido afectar su discernimiento, es decir, que su tratamiento médico ha podido afectar a su capacidad de decidir y ordenar la propia conducta. Por ese motivo, la defensa de Mateos argumenta que la segunda declaración en el juzgado, a primeros de octubre, fue menos correcta que la que prestó en diciembre ante la Fiscalía. En octubre, la exdelegada aseguró que
en Madrid no sabían ni decidieron la forma exacta en la que se hicieron las devoluciones. La Abogacía del Estado, "que ha intentado evitar su
declaración, extremo rechazado por su señoría", como ha precisado la acusación particular, ha indicado que "jamás" fue consultada por la delegada del Gobierno ahora investigada. Por otro lado, el secretario general de la institución de la plaza de los Reyes, Ismael Kasrou, ha ratificado en sala la condición de "orden e instrucción", a su juicio, de todas las comunicaciones entre la Delegación y el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Seguridad) "llegando a confirmar que la proximidad en tiempo entre consultas y emisión era debido a que su contenido se pactaba entre ambas instituciones".
La Acusación Popular: "Son partícipes y cooperadores necesarios en este proceso"
Según la acusación popular de la Red de Inmigración, Kasrou ha señalado al jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Juan Hernández, como el interlocutor con la delegada y el Gobierno de España, así como se ha confirmado que, durante un año, "no se hizo seguimiento del estado de los menores deportados". Para la acusación popular las afirmaciones en sala de hoy miércoles "evidencian que el Ministerio del Interior y su Secretario de Estado son "partícipes y cooperadores necesarios en este proceso, así como los autores intelectuales de todo el procedimiento, por lo que se entiende necesario que acudan, como mínimo, como testigos", tal y como han pedido los abogados de Deu.