Entre 50.000 y 70.000 euros volverá a destinar la Ciudad Autónoma a la vacunación contra la rabia. Una campaña que volverá a costear “integramente” la administración autonómica tanto en lo que respecta al coste de la vacunación como al acto clínico de inmunización “por una cuestión de salud pública”, según ha explicado el consejero de Sanidad y Consumo, Abdelhakim Abdeselam, a su paso por el programa de Cope Ceuta La Voz del Faro, “ya que en Ceuta por encontrarse en una zona fronteriza con Marruecos, donde la enfermedad es endémica, son necesarias medidas de contingencia y prevención para preservar la salud pública por encima de todo y también la salud animal”. Con esta partida el consejero espera una cobertura del 90% de los 8.000 mascotas que tiene censadas la Ciudad Autónoma. “Intentamos informar a los propietarios de que se trata de una vacuna obligatoria y que pueden ser sancionados si no lo hacen”, añade.
El consejero ha recordado que la Ciudad costea hasta la vacunación de cinco mascotas por propietario, ya que a partir de ese número se considera a efectos administrativos como ‘núcleo zoológico’ y subraya que es necesario concienciar a los dueños de animales de compañía que no solo es necesario de que los vacunen contra la rabia, sino de otras enfermedades como el parvovirus o la leishmania “porque la protección animal es tambien una manera de garantizar la salud humana”, explica el consejero. Respecto a la rabia destaca la importancia de que se controle esa enfermedad, con una alta mortalidad, y con una vacunación que logra que las mascotas ceutíes “puedan transitar con todas las garantias por el territorio nacional”.
Por otra parte, antes de finales de año espera tener en vigor el reglamento de protección y sanidad animal, que contemplará no solo medidas encaminadas a la protección de la salud, sino tambien contra el maltrato hacia los animales que se sancionará duramente. “Se trata de un reglamento que auna la normativa nacional en la materia y las ordenanzas municipales”, explica. Ha sido redactada por técnicos de la consejería y se ha examinado por el Colegio de Veterinarios, asi como por juristas y está solo pendiente de memoria económica. “Queremos que sea un reglamento proteccionista, que recoja obligaciones y derechos en materia de prevención y también sancionador. Se ha intentado mantener el equilibrio entre estos dos parámetros”.
