El Gobierno se ha comprometido a ello con el consenso de CSIF y UGT. CCOO, la única que no firma.
El Gobierno de la Ciudad revisará los trabajos de colaboración social existentes y, por otra parte, informará a las centrales sindicales de los programas aprobados por el SEPE, haciendo constar el número de personas beneficiarias, su destino y el objeto antes de que comience la actividad. Ese es el resumen del acuerdo que, en torno a este asunto, llevó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública a la Mesa General de Negociación, que contó con el respaldo de los sindicatos UGT y CSIF.
El objetivo del acuerdo, según informó el Ejecutivo en una nota de prensa, no es otro que, “en aras de la transparencia y la buena fe en las relaciones con las distintas centrales sindicales, llevar a cabo las actuaciones descritas para delimitar de forma más clara cuáles son esos trabajos temporales, que, en cualquier caso, vienen regulados por Ley, la de la Seguridad Social, y por Real Decreto (RD 1445/19082, de 25 de junio, reformado por el RD 1809/1986, de 28 de junio)”.
Visar los actuales contratos
“Con el presente acuerdo se pretende delimitar de forma más clara los mencionados trabajos de colaboración social para diferenciarlos de aquellos desempeños estructurales de nuestra Administración”, reza el acuerdo alcanzado ayer en la Mesa General de Negociación, “sin perjuicio del cumplimiento estricto de la norma”, apostilla.
Para ello, lo que se hará, por un lado, es revisar los trabajos de colaboración social actualmente existentes en la Ciudad, visando que están destinados al desempeño de labores propias de la colaboración social de acuerdo con los programas aprobados por el Servicio de Empleo Público y descartando, por lo tanto, que se realicen trabajos estructurales.
Por otra parte, el acuerdo incluye el compromiso del Gobierno de informar a las centrales sindicales con representación en la Ciudad de todos los programas de colaboración social que vaya aprobando el Servicio Público de Empleo antes de que comience el desarrollo de la actividad propiamente dicha, dándoles cuenta, de esa manera, del número de personas que se beneficiarán del programa, cuál será su destino y cuál el objeto del trabajo. El único sindicato que no ha firmado este acuerdo es CCOO.
La polémica, a Fiscalía por CSIF y UGT
El pasado 13 de abril las secciones sindicales de UGT y CSIF en el Ayuntamiento emitieron un comunicado conjunto, que tampoco firmó CCOO, reclamando una solución inmediata a la situación que, opinan, estaba incurriendo la Administración, pues los empleados contratados por colaboración social estaban “usurpando” funciones públicas e incumpliendo así la Ley de Protección de Datos, pues se destina a este personal y de los Planes de Empleo “a áreas y servicios donde está prohibido que desarrollen trabajo alguno”. Ambas organizaciones sindicales ‘culpaban’ de esta situación al director general de Recursos Humanos al que reclamaban una solución inmediata. No obstante, se volvió a destinar a dos personas de colaboración social al área del Negociado de Estadística desempeñando funciones que, según ambos sindicatos, no podrían hacer. Por todo ello, el pasado 13 de abril anunciaron su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos “para que actúe con la mayor contundencia posible como es necesario”. Una polémica que parece ahora resuelta con el acuerdo presentado por el Gobierno local.
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