Pasadas las once y media de la noche de ayer el juez ordenaba el ingreso en prisión de los cuatro cabecillas de la organización dedicada al pase de inmigrantes que fue desarticulada el pasado sábado por efectivos de la UCRIF y de Asuntos Internos. Entre los que ingresan en prisión se encuentra el agente de la Policía Nacional acusado de facilitar, presuntamente, el pase de los inmigrantes que eran trasladados en vehículos hasta el puerto. También su mujer y los otros dos detenidos por, supuestamente, liderar la jerarquía de la organización. Para los inmigrantes se ordenó la libertad, aunque los dos únicos menores del grupo ya habían quedado libres 24 horas antes aprovechando esa libertad para escaparse. Y es que cuando ayer la Policía intentó localizarlos en el centro de La Esperanza, la pareja ya no se encontraba en su interior.
De los cuatro detenidos que han ingresado en prisión, sólo uno quiso prestar declaración y lo hizo para negar que tuviera relación con las acusaciones hechas por la Policía Nacional.
El juez ordenó el levantamiento del secreto de sumario pasadas las cinco y media de la tarde y fue así como se pudieron conocer algunos datos más de la intervención policial que no había difundido la Policía.
Por ejemplo, que los inmigrantes pagaban 6.000 euros por el pase. Entraban por la frontera, les escondían en una vivienda del Príncipe que no ha podido ser localizada por las fuerzas de seguridad, y luego embarcaban con documentación verdadera a la que se le había alterado la fotografía. En el puerto contaban, presuntamente, con la connivencia del policía nacional, con lo que conseguían llegar a la península. Allí se le tenía ocultos en una vivienda de Algeciras o Málaga durante unos días hasta que abonaban la cantidad estipulada.
Las investigaciones de la UCRIF se han basado en grabaciones de escuchas telefónicas y un seguimiento continuado sobre los integrantes de la red. La operación comenzó en 2010 pero no contó con el apoyo judicial para comenzar las escuchas de inmediato ya que en ocasiones se les fueron denegadas por el titular del juzgado.
Durante varios meses se produjeron pases de inmigrantes en épocas comprendidas desde 2010 hasta 2011, pero en el juicio que se vea por esta causa sólo se enjuiciará el pase abortado el pasado sábado en el puerto. Con la modificación del Código Penal los detenidos podrían enfrentarse a penas de entre doce y 18 años de cárcel.