A la caza del pabellón

Decenas de guardias civiles han recibido ya una notificación oficial firmada por el teniente coronel del Cuerpo, Andrés López García, en la que se les comunica que deben abandonar el pabellón que ocupan en la Comandancia al estarse produciendo, a ojos del mando, un uso irregular del mismo. Las notificaciones se han comunicado después de la apertura de una investigación interna que decidió iniciar el Instituto Armado después de enterarse por ‘El Faro’ y por una denuncia hecha por un agente que podrían estarse produciendo estas irregularidades dentro de la propia casa cuartel. Así se ha hecho constar en un parte interno al que ha tenido acceso este medio, con el que se insta a los guardias a presentar una declaración jurada en la que confirman estar usando la vivienda.
Así las cosas la Comandancia ha decidido ir a la caza del pabellón, iniciando una carrera de notificaciones que han sido recibidas sólo por algunos agentes, cuyos familiares directos han puesto en conocimiento de este medio lo que consideran un ‘patinazo’ mayúsculo del Cuerpo. Y por qué, porque aplicando el refrán de que ‘caen justos por pecadores’, resulta que buena parte de los guardias que han recibido una notificación en la que se les dice que deben abandonar su pabellón porque no residen en él, sí que viven. Al menos es lo que mantienen sus familiares, que ya han empezado a preparar la oportuna queja. “No sabemos por qué nosotros sí, pero otros no, hemos recibido este escrito de desalojo cuando el 90% de los guardias están en la misma situación que nosotros”, denuncian. “¿Por qué a nosotros sí, qué caza es esta?”, replican.
Resulta que en esta investigación interna, las notificaciones que se han enviado a los guardias a los que la Comandancia acusa de ocupar irregularmente un pabellón se basan en argumentos dispares.  Hay a quienes se les dice que “instruida la correspondiente información reservada” se ha constatado que el efectivo en cuestión no “tiene establecida su residencia habitual” en ese pabellón, así que se le obliga a abandonarlo, basándose en que, por ley, el pabellón está concebido como “residencia habitual” por lo que deben ser usados permanentemente como domicilio “sin que se computen las ausencias temporales por disfrute de permisos, comisiones de servicio y otras que expresamente se determinen”.
A otros agentes se les ha investigado ‘hasta los calzones’, ya que se les indica, en el caso de uno de ellos, que se ha averiguado que tienen una vivienda adjudicada por Emvicesa, con lo cual dicho beneficio les imposibilita el poder demostrar que usan el pabellón como vivienda habitual. Lo que pasa es que sus familias dicen que esto no es cierto y cuestionan la fiabilidad de la fuente de información de la que han bebido.
Y así contando y contando salen decenas de cartas que ya obran en poder de guardias civiles a los que se les hace sospechosos de no estar usando el pabellón como residencia habitual, tal y como marca la ley.
“Nosotros desconocemos el motivo, no sabemos por qué se nos han enviado estos escritos de desalojo, cuando el 90% de los guardias civiles están en la misma situación que los advertidos”, señalan los familiares, que guardan en sus carpetas las notas de advertencia oficiales que les obliga a dejar el pabellón.
“Desconocemos el criterio que han tenido para que se nos impute una falta de no residencia en el pabellón, cuando nuestros maridos acuden al trabajo cuando tienen nombrado el servicio en las mismas circunstancias que el resto de los guardias civiles que no han recibido ni se les va a notificar este aviso. Sabemos que en las Unidades ya tienen la relación de escritos que van a notificar, lo que pasa es que algunos están de vacaciones y todavía no las han recogido”, añaden.
La apertura de esta investigación promete, ya que no hay quien duda en iniciar otra paralela para descubrir al mando que dice ocupar pabellón sin hacerlo o meter baza en los pabellones cedidos, es decir, aquellos en los que viven guardias sin que les corresponda porque les han sido cedidos por sus adjudicatarios.
Puede que esta historia termine como el Rosario de la Aurora, sobre todo después de que las familias que han trasladado su malestar a este medio hayan sido informados de que uno de los criterios seguidos para averiguar si viven o no los guardias en los pabellones haya sido el consumo de agua. Es decir, se habría solicitado a Acemsa el gasto de esos pabellones para deducir si allí viven o no los beneficiarios de su uso.
“Nos han pedido que aportemos el recibo de luz y agua... pues bien esos que viven en el pabellón sin corresponderle por cesión no han sido notificados y además si tienen que aportar gasto de agua o luz seguro que tienen porque están habitados, aunque sea ilegalmente... A esos curiosamente no les han notificado, ¿por qué?”, denuncian.
En esta peculiar carrera contra las irregularidades que se ha puesto en marcha en una ciudad en la que el pasotismo había marcado el padrón, los alquileres de VPO y hasta la ocupación de los pabellones de la casa cuartel de la Guardia Civil, se avecina tormenta. Los afectados, que denuncian haber sido puestos en el ojo del huracán sin pruebas ni fundamento, advierten de una más que probable denuncia. De momento ni la misma se ha hecho pública, ni se sabe la forma en que protestarán. Lo único cierto es que la investigación interna es vox populi en un cuartelillo cuya vida está revolucionada. Las familias denuncian que las investigaciones se han hecho tomando como criterios bases que no se entienden. “Puede haber guardias que viven en un pabellón, que están divorciados y pasan buena parte del tiempo en casa de otra persona, de alguna amiga con la que pueden quedarse a dormir. ¿No vivimos en democracia, o es que ahora está penado dormir con una señora o señor sin estar casado?”, denuncian. “Los residentes en los pabellones de solteros pasan los días libres en la península con la familia y esos no han sido notificados ni se les pregunta que aporten recibo. En definitiva están eligiendo a las víctimas sin criterio alguno”, apuntan.
Las familias desconocen si se ha hecho algún tipo de seguimiento para confirmar si los pabellones están ocupados por sus adjudicatarios o no, porque “a estas alturas, con el aviso en la mano, nos preguntamos de qué somos víctimas. Hay quien dice de broma que nos han elegido por gastar poca agua, pero en serio consideramos que esto ha ido demasiado lejos, que se han metido en la vida íntima de nuestras familias, pidiendo recibos de consumo que no deberían haber hecho o investigando qué propiedades tenemos o no, encima equivocándose”, señalan. “Las cosas hay que hacerlas bien, atacar el problema donde existe, no buscar sin ton ni son para cubrir el expediente porque hayan leído una denuncia en la prensa”, añaden.
Se sabe que buena parte de los afectados han recurrido ya a la Asociación Unificada de Guardias Civiles para plantear algún tipo de denuncia, aunque este extremo no ha sido confirmado todavía por la asociación.

De dónde nació toda la historia

Febrero de 2012: La denuncia
Familiares de un agente de la Benemérita ponen en conocimiento la existencia de ocupaciones irregulares de los pabellones. Dicen que muchos están adjudicados a guardias civiles que no los ocupan, por lo que los que tienen derecho están en clara discriminación. Tras la publicación de esta noticia, y tal y como consta en el parte interno de la Guardia Civil, la Comandancia decide iniciar una investigación, toda vez, además, que ha recibido una denuncia formal de un guardia.
Abril de 2012: Advertencias
La Guardia Civil advierte a los guardias civiles sobre el buen uso que debe darse a los pabellones, indicándoles que debe cumplirse con la ley. Así recuerda, a modo informativo, “el por qué de la Ley, su objetivo, las competencias de la misma, las obligaciones del miembro del Cuerpo que se haga acreedor del uso de una vivienda”. Se persigue, dicen, “dar continuidad a nuestro afán por perseguir siempre y en cada momento la verdad y actuar siendo consecuente con un código ético y que sea fiel a la deontología que marca el hecho de ser Guardia Civil”, señalan. Así hasta ahora, cuando se envían las órdenes de desalojo.

De investigaciones, denuncias y expedientes

La investigación iniciada por la Guardia Civil en torno al cumplimiento de la Ley de uso de los pabellones se desarrolla en un escenario de curiosidades, ya que, mientras que en el parte interno se indica que la investigación comienza a instancias de la denuncia de un agente, resulta que ese mismo guardia -que se supone ha ayudado a que se destape un mal uso de estas residencias- ha recibido ya, al menos, un correctivo. Evidentemente el mismo está puesto por asuntos que nada tienen que ver con la denuncia de marras, pero se produce justo cuando esa denuncia sale a la luz. Hay quien entiende esto como una particular ‘sanción rebuscada’ y los hay que niegan la mayor defendiendo que en el Cuerpo las casualidades se producen porque sí.

La lucha, parcial, contra las irregularidades

“Nos parece tercermundista que se diga en los escritos que un guardia civil o que ‘El Faro’ han denunciado los hechos y por eso la Comandancia inicia una investigación. ¿Qué pasa que ellos no se enteran de lo que sucede en su casa no si leen la prensa o ven la denuncia de un agente?”. Quienes hablan son familiares de algunos de los que ya han recibido la notificación de desalojo de su pabellón. Protestan porque consideran que la lucha emprendida contra las irregularidades está siendo parcial. Se refieren a la locura que se ha adueñado de todos los estamentos por poner orden en el caos. Han sido años de dejaciones que ahora, parece, quieren ser cortados de un plumazo. Apresuradamente la Benemérita inicia una investigación para poner orden en su propia casa, pero quedan más. La misma situación se repite en el ámbito castrense, ¿cuántos pabellones están ocupados legalmente, cuántos militares disfrutan de uno mientras alquilan bajo manga una vivienda que les ha sido adjudicada por Emvicesa, cuántos la mantienen sólo para ocuparla en las fiestas patronales quitándole a otro militar el derecho a ocuparla con todas las de la ley? El desaguisado existe y la forma en que se quieren atajar los errores es elegida por cada mando. En el caso del teniente coronel, hay quienes denuncian que no se ha hecho de la forma más adecuada, porque, dicen los afectados, se ha metido la pata.