De un dirigente político se espera que sea una persona educada y que esa educación le sirva para mantener un equilibrio ante las adversidades que a lo largo de su vida política le pueden suceder. Esa educación le debe servir asimismo para respetar las decisiones que técnicamente han resuelto los órganos competentes aunque sean contrarios a sus ideas, opiniones o creencias.
Que el tal Sánchez no tiene la educación necesaria para vestir el cargo que ocupa, ya ha sido visto y demostrado en diferentes ocasiones en las que también la falta de respeto son palpables, así por ejemplo se adelanta al paso del Rey, o llega tarde a una parada militar haciendo esperar al Monarca o se coloca, consorte incluida, en lugar inadecuado y tiene que ser advertido de su falta , o no ordena el acompañamiento, de un ministro competente, al Monarca en sus viajes al extranjero, lo que demuestra no ya la falta de respeto sino el desprecio a la monarquía constitucional. A veces incluso cuando quiere dejar de serlo lo acentúa en su ignorancia. Es el caso de la visita a Cataluña, donde el presidente de la Comunidad Autónoma y máximo representante del Estado en esa Comunidad, lo recibe y junto a él pasa revista a un grupo de, no sé si ertzainas , mozos de escuadra, o amigos de los “castellets” y solo hay una bandera, la del antiguo reino de Aragón . El tal Sánchez a su paso ante ella inclina la cabeza en señal de sumisión a Cataluña, parte del antiguo reino y sobre todo al tal Aragonés. El tal presidente de la Generalidad, también obró con manifiesta falta de respeto ya que el apellidado Aragonés, debería haber colocado la bandera de España antes que la del antiguo reino de Aragón y el tal Sánchez solo inclinarse ante la bandera española, que es ante la única que los españoles deben inclinarse. Estoy seguro que eso lo saben y hasta lo comprenden los de Aragonés y su banda y que el feo producido al mal educado Sánchez y por el maleducado Sánchez es una humillación más a toda España, Cataluña incluida.
El epílogo del presidente rotatorio de la UE, de nuevo Sánchez, en el Parlamento Europeo, ha dejado huella a al tildar indirectamente a su interlocutor y presidente del Partido Popular Europeo de nazi, presidente que además es de origen alemán. Por si fuera escasa la falta de inteligencia, educación y respeto al protocolo establecido entre personas educadas, lo dejó con la palabra en la boca y “marchose’ por donde ”viniose”. Una señal más de esa falta de respeto al pueblo español, el patán lo acredita con el uso abusivo que hace de los bienes del Patrimonio Nacional y del Estado para su uso particular, e l de su familia y sus amigos, o el uso de las aeronaves que el Estado pone para uso exclusivamente oficial por lo que el tal Sánchez enmascara de “oficiales” actos que en algún caso ha consistido en acudir oficialmente a una empresa cerrada , acudiendo posteriormente a actos de su partido cuando no particulares, así transcurrimos desde la falta de respeto a la corrupción a espuertas.
"Yo nunca entendí que tiene que ver la representación del territorio con ir al Senado vestido de lagarterana o hablando vascuence, olvidando que el español, es tan lengua propia como el catalán, el vasco o cualquiera otra. Pero esta idiotez nos cuesta mucho dinero, ya que solo la partida dedicada a traductores asciende a 756.000 euros anuales, y nos obligan a hacer más el ridículo ante naciones importantes, como Zambia"
Especialmente dañino para la Administración General del Estado es el a modo de acomodo en puestos de dicha Administración en manos inadecuadas, eso sí amigas, desde embajadas a puestos directivos en empresas públicas como Correos, Paradores o fuertemente participadas sin importar las pérdidas resultantes de tales mandarinatos ya que las empresas para este personaje son meros asientos de amigos, además ineptos, que bondad encierra. Este hombre se ha encontrado con que todas las palancas del poder le pertenecen y vive una vida de lujo asiático y por ello no le importa que la mayoría de sus “súbditos” le abucheen por la calle y le griten eso tan digestivo “me gusta la fruta” o no “que te vote txapote”. Aquí se junta la falta de educación, de respeto y de principios. La Administración es la maquinaria que hace funcionar el Estado y en la parte que conozco , muy profesional y con muchos estudios para llegar a ella por lo que no debe ser sustituida por ganapanes amigos del autócrata, bastante tiene que aguantar el funcionariado con ser dirigido por ineptos. Y en cuanto al uso y abuso de inmuebles si usted, Felón que nos dirige, quiere irse de vacaciones , páguese un apartamento en la playa, que ya le pagamos la dormida, la comida y la bebida el resto del año, con camarero guanteado señor mío, y si es por una cuestión de seguridad, váyase a Australia.
Desgraciadamente la ineptitud y la corrupción no solo aparcan en los predios del Gobierno. El Senado, hoy día con mayoría absoluta del partido de la oposición al Gobierno, el Partido Popular, de acuerdo con el art. 69.1 de la CE es la “Cámara de representación territorial”, por lo que los senadores siempre han considerado que es el lugar donde para no entenderse, cada uno puede hablar, en su caso, en la lengua complementaria de su Comunidad Autónoma. Yo nunca entendí que tiene que ver la representación del territorio con ir al Senado vestido de lagarterana o hablando en vascuence, olvidando que el español, es tan lengua propia como el catalán, el vasco o cualquiera otra. Pero esta idiotez nos cuesta mucho dinero, ya que solo la partida de dicada a traductores asciende a 756.000 euros anuales, y nos obligan a hacer más el ridículo ante naciones importantes, como Zambia. Y que eso lo gasta el Senado porque no sale del bolsillo de los senadores, sino del nuestro sin olvidar que ya sea en el Senado o en el Circo Price, todos los españoles se entienden en español. Naturalmente el cainismo nacionalista identitario, compra de votos incluida, ha obligado al Felón a copiar en el Congreso la idiotez del Senado, así es que ahora , para no entenderse, cada uno hablará en la lengua complementaria que le salga de sus bajos, así el Congreso empieza 2024 con obras en el hemiciclo para la instalación de nuevas pantallas táctiles que sustituirán a los antiguos monitores y teclados que hay en todos los escaños del Salón de Sesiones, una renovación cuyo coste se sitúa en los tres millones de euros ,y los diputados podrán conectarse a la traducción simultánea directamente a través de los nuevos dispositivos que se van a instalar en los escaños, donde también podrán seguir los subtítulos en castellano de las intervenciones que se hagan en otras lenguas. A nadie se le oculta que esa Babelia , aceptada por el Frente Popular y el Conservador, es una herramienta más para la disgregación de España siendo el coste económico el menor de los sumandos.
La ausencia del Estado en las CC.AA con lengua complementaria desde el mandarinato de Jordi Pujol y la bendición de Aznar, ha tenido como consecuencia la falta de respeto a las sentencias de los tribunales. Un grupo de eurodiputados encargados de informar sobre la situación del español en Cataluña "se quedaron sorprendidos de que una administración incumpliese las resoluciones judiciales”. El no respeto a los tribunales es algo que no debemos nunca aceptar.
Es el caso de lo ocurrido con el Fiscal General del Estado (FGE) Álvaro Ortiz y de la Presidente del Consejo de Estado Magdalena Valerio. En el primer caso el Tribunal Supremo (TS), ha estimado el recurso interpuesto contra el nombramiento como Fiscal Togado del TS de Dolores Delgado, quien había ostentado anteriormente el cargo de FGE y designado Jefe de su propia Secretaría Técnica al mismo García Ortiz. Para entendernos es como si a un Sargento, le pueden hacer Ministro porque es un cargo político, pero no General. El TS señaló "desviación de poder visible e innegable" en el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar estuvo motivado por la estrecha relación de confianza del FGE. En una democracia consolidada, el Gobierno por respeto a la decisión del Tribunal Supremo hubiese destituido inmediatamente al FGE. Ha hecho todo lo contrario, el presidente del gobierno y el FGE se han enfrentado a la institución, la más respetada del país por tal de no dar su brazo a torcer.
Posteriormente y como requisito para el nombramiento del FGE por segunda vez, y de acuerdo con lo previsto en el art de la CE 124.4, “El FGE será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ”, el CGPJ debía informar sobre la idoneidad para el cargo de Álvaro Ortiz, resolviendo la falta de idoneidad “en base a la deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía» (Informe, p. 6). Dicha consideración se fundamenta en la Sentencia antes aludida , de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (1499/2023 de 21 de Noviembre) que imputa al FGE una «desviación de poder [...] visible e innegable», fundada en una secuencia de hechos indiscutible: «iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada cuando aún era Fiscal General del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por la señora Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor; y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad» (STS 1499/2023, p. 8).En segundo lugar, el Informe del CGPJ atribuye al FGE una «deficiente transparencia» (p. 8) en los nombramientos de los cargos de libre designación, constantemente realizados o no según la afiliación de los candidatos a las diferentes asociaciones judiciales y, en varias ocasiones, en contra del parecer (no vinculante) del Consejo Fiscal. Los datos que se traen a colación son muy significativos: se afirma al respecto que «durante [...] poco más de un año [desde que el FGE tomó posesión, el 2 de agosto de 2022], se ha procedido a la designación de 33 nombramientos discrecionales, de ellos 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresista de Fiscales [a la que pertenece el FGE], la cual cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera” (es decir, del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66,6% de los cargos discrecionales [...]); 5 lo han sido de la Asociación de Fiscales, la cual cuenta con 630 asociados.El presidente del gobierno despreciando una vez más a la Justicia y ha vuelto a nombrar al tal Álvaro García como Fiscal General del Estado.
El caso Magdalena Valerio como Presidente del Consejo de Estado, es otro caso de falta de respeto y desprecio a la Justicia. La ex ministro fue designada para ser Presidente del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno y que de acuerdo con la ley orgánica 3/1980 de 22 de Abril de desarrollo, tiene categoría de ministro del Gobierno y su nombramiento debe “hacerse libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”. Una vez nombrada por el tal Sánchez, la Fundación Hay Derecho interpuso un recurso contencioso-administrativo por entender que la nombrada no reunía el requisito exigido por el art. 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de ser una “jurista de reconocido prestigio”. La Sentencia del TS de 30/11/2023 (RC 918/2022) ha estimado el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 926/2022, por el que se nombró Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero y ha anulado el nombramiento como Presidente del Consejo de Estado a Doña Magdalena. Los magistrados explicaron que una «carrera funcionarial meritoria» no es suficiente para considerarla jurista «de reconocido prestigio», algo que «solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido». La ex ministra sólo cuenta con una licenciatura, una formación escasa en comparación con sus predecesores en el Consejo de Estado, que contaban con estudios superiores mucho más amplios. La sentencia es firme y el Consejo de Ministros debe destituir a Magdalena Valerio en un plazo de 60 días. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está utilizando todas las armas a su disposición para mantenerla en el cargo, al menos unos meses más.
Es una democracia joven e imperfecta la que gozamos pero con edad suficiente para enraizar el respeto a las instituciones y no las trampas contra ellas. El presidente, que debería ser el ejemplo, nunca admite la controversia, y cualquier crítica razonada en contra de sus deseos la considera fraudulenta. Es una falta de respeto que deviene en falta de principios.
