Las dependencias del antiguo Banco de España en Ceuta, donde tiene su sede el Juzgado de lo Social, acogieron ayer la vista en la que dos trabajadores transfronterizos representados por la Asesoría Sharika defendieron su demanda contra la empresa Cash-Diplo para reclamar su reincorporación a sus puestos de trabajo con fecha 30 de mayo del año pasado y el cobro de sus salarios y cotizaciones con efectos retroactivos a esa fecha.
La abogada laboralista Lourdes Paramio y la graduada social Fatiha Lahsen, que acudieron al juicio junto a Rachid Amnad, uno de sus representados (el otro no puede acceder a la ciudad autónoma al no contar con visado Schengen actualmente), mostraron al término de la sesión su confianza en que la magistrada dé la razón a los demandantes en su defensa de la “verdad material” de lo acontecido.
De acuerdo con su relato, tras treinta años de trayectoria laboral, la empresa decidió con el estallido de la pandemia de la enfermedad del coronavirus incluir a solo uno de ellos en el expediente de regulación temporal de empleo que promovió.
Tres meses después, ambos quedaron en la misma situación: solicitando excedencias voluntarias cada trimestre desde el país vecino. Cuando se reabrió la frontera y solicitaron la reincorporación a sus puestos, el patrón alegó para dejarlos en la calle que no existían vacantes de igual categoría en la plantilla.
“Las excedencias voluntarias no tienen reincorporación inmediata, pero el Derecho Laboral es antiformalista y debe buscar la verdad material, que en este caso y a la luz de los antecedentes es evidentes: la empresa impuso a los trabajadores esa fórmula como la mejor manera de evitar pagar sus cotizaciones”, defiende Paramio, que considera obvio que se trató de un “negocio simulado”.
Desde su punto de vista “se trata de una situación muy similar a la de los ‘falsos autónomos’, que supuestamente firman un contrato libremente, pero en realidad no se da tal circunstancia e incluso existe un consentimiento viciado por falta de información y causa falsa”.
Trabajadores arrinconados "en un limbo"
Paramio, reconocida abogada especialista en derecho laboral con una muy amplia y diversa trayectoria profesional, forma parte como Lahsen de la red BPW y considera que en el caso de Amnad y el otro trabajadores transfronterizo al que defiende en este procedimiento “ambos fueron dejados en un limbo por su empresa en un marco de normas laborales y administrativas en el que mantenían su relación laboral, pero no percibían ningún ingreso ni se cotizaba por ellos”. Al tratarse de transfronterizos no tenían derecho a percibir subsidio alguno, algo que ahora trata de cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez.
El gran problema es que muchos ceuties con edad de trabajar no saben hacer casi NADA, oficios como albañil, fontanero, cocineri, electrecista, carpintero y mecanico, entre los ceuties no encuentras a nadie y te ves obligado a contratar a un transfronterizo,soy de los que apoyo a que todas los pequeños empresarios le den todos los derechos que establece la ley, pero que la ADMINISTRACION tiene que facilitar la contratacion de estos trabajadores con oficio, ya que los ceuties o personas residentes en ceuta NO tienen ningun oficio, ese es el grave problema que tenemos, eso mas transfronterizos y MENOS RESIDENCIAS, esto ultimo si que es peligroso
Pues que vayan aprendiendo las empresas y particulares. Hay que darles trabajo en primera instancia siempre a los ceuties.
Primero que trabajen y coman los de Ceuta, y si sobra pues para otros.Esto es lo que deben de entender los empresarios de Ceuta.
Los transfronterizos trabajan aquí porque le decían a todo que si, si, si. Con la tasa de desempleo que tenemos aquí y los empresarios pescaban en el otro lado era para sacarles beneficio. Eso es mas conocido que el hambre, Les pagaban menos, menos vacaciones, menos derechos y mas horas de lo debido y aún así le decían Gracias al empresario
La misma situación de los millones de españoles sin formación académica o baja cualificación profesional que se encuentran trabajando en Europa, llegando en algunos casos a esclavizar a jóvenes altamente cualificados con sueldos irrisorios.
Me dará parte de razón que los transfronterizos españoles (La Línea, Algeciras,...) en comparación con los transfronterizos marroquíes (Castillejos, Rincón,...) son mejor tratados por el gobierno inglés (Gibraltar) que por el gobierno español (Ceuta y Melilla), aunque no se diferencian en esa sumisión que Vd describe hacia los súbditos marroquíes.
Lo que hay en esta ciudad es dejadez administrativa en sus funciones de no fiscalizar y controlar este tipo de explotación laboral en pleno siglo xxi en España, y que gracias a estos "infelices", algunos empresarios y empresas (con sus subcontratas) se benefician y se lucran de la salud física y psicológica de estas personas, y merman las propias oportunidades laborales de los nacionales que reúnan los mismos requisitos, a pesar de que la mayoría no quieran trabajar en ciertas actividades o no tengan suficiente preparación profesional en determinados oficios que se han perdido en Ceuta.
Gibraltar es decir UK no tiene punto de comparaciony con España ilustrado
El Juzgado de lo Social debe ser implacable y tolerancia cero con quienes se beneficien de la inseguridad jurídica de los trabajadores transfronterizos.
Por otro lado, es necesario un esfuerzo pedagógico y un compromiso firme con los principios protectores del Derecho hacia el ciudadano ( nacional o extranjero) por parte de "Extranjería" con el fin de erradicar las mafias que explotan a estos ciudadanos, y por consiguiente, un mayor seguimiento e implicación por parte de Inspección de Trabajo para que no se den casos de irregularidad que atente a los derechos laborales de nuestros vecinos y vecinas marroquíes.
Habrá que escuchar la parte de la empresa, no es solo defender a los transfroterizos