La Ciudad informó ayer del decreto firmado por Fomento en el que se informa del peligro para los okupas que supone seguir viviendo en la promoción de Huerta Téllez. Y es que ya no se está ante una cuestión puramente política, policial o judicial. Estamos hablando de la integridad de aquellos que tras usurpar las viviendas están poniendo en peligro sus vidas. En concreto el área de Fomento alude a la existencia de una grúa que puede desplomarse, amén de las malas condiciones en las que pueden vivir en unas casas que estaban deshabitados y que por tanto no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, más si cabe existiendo niños de por medio. Estamos ante un problema complejo que requiere de varias intervenciones. La judicial sigue su hoja de ruta y tiene que cumplir los tiempos establecidos que no son, a buen seguro, los que a nosotros nos gustaría que fuesen. Pero paralela a la misma, están las actuaciones de corte político que la administración local intenta dar para hacer que el cerco sea cada vez más estrecho en torno a unas familias que han optado por no cambiar su actitud, a pesar de saber que han incurrido en un delito.