La celebración de la vista oral del ‘caso Emvicesa’ hace tiempo que se sabía que sería un desafío para la Administración de Justicia, que al final se decantó por celebrar el juicio en las dependencias de la Audiencia Provincial en el ‘Ceuta Center’ a la vista de que la nueva sede del antiguo Banco de España no daba en términos de infraestructuras mejores alternativas y sin recurrir a experimentos como trasladar el plenario a escenarios como el Auditorio del Revellín.
Para paliar la falta de espacio se optó con criterio por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero en una ciudad que presume de capacidad para presentarse como un polo de atracción de empresas emergentes en ese sector es inasumible que algo que depende de la Administración General del Estado opere de forma tan deficiente (con constantes interrupciones, alteraciones de la señal audible, conexiones a destiempo, etcétera) como lo ha hecho esa solución durante las vistas de las cuestiones previas de la macrocausa.
Hace tiempo que no solamente los sindicatos, que también, sino los propios magistrados de la Audiencia Provincial empezando por su presidente, Fernando Tesón, alertan de la falta de recursos humanos y materiales para desarrollar su trabajo con normalidad.
Es grave que el derecho de audiencia pública se vea lesionado, pero todavía lo es más que por deficiencias, incapacidades o falta de recursos y medios un juicio tenga que ser suspendido o anulado.
Es hora de que el Ministerio de Justicia se tome de una vez en serio el cumplimiento de todas sus obligaciones en la ciudad, como otras competencias directas del Estado, dentro o fuera del Plan Integral para el cuatrienio en curso.
