La inseguridad ciudadana ha irrumpido (regresado) con inesperada virulencia en la vida pública de nuestra Ciudad. Durante los últimos días, los dos periódicos locales han abierto sus ediciones con rutilantes titulares relacionados con hechos delictivos que afectan a la seguridad. No es la primera vez que sucede esto. Y sin embargo, parece que no aprendemos.
En la Ciudad del paro y la pobreza, en la que la convivencia se sostiene sobre un frágil equilibrio inestable, el deterioro de la seguridad ciudadana se convierte en una losa imposible de soportar. Porque este es uno de los ámbitos políticos más sensibles a la reacción del conjunto de la población (basta con mirar el seguimiento que este tipo de noticias tienen en los medios de comunicación). Este motivo es suficiente para exigir a todo los agentes políticos y sociales que intervienen en el debate público un plus de responsabilidad. Que, de momento, parece que escasea. Debe quedar claro, antes de continuar, que responsabilidad no quiere decir silencio ni ausencia de crítica. Más bien al contrario, quiere decir reflexión, rigor y seriedad en las opiniones y en las decisiones.
El análisis de esta situación requiere su disección en tres vertientes diferenciadas: los hechos (objetivos), las valoraciones (subjetivas), y las derivaciones (consecuencias).
Uno. Respecto a los hechos, parece indiscutible que se han concentrado una serie de acciones violentas (incluyendo tiroteos) en los últimos días que siembran una lógica inquietud. No sólo porque sean muy llamativos (que lo son, en especial el disparo sufrido por una persona a escasos metros de la Comisaria) sino porque demuestran una evidente vulnerabilidad, y porque, además, no han venido acompañados de la diligencia debida ni en su esclarecimiento, ni en la adopción de medidas correctoras. Resulta incomprensible, por ejemplo, que un espacio prácticamente acotado como el recinto portuario esté siendo un protagonista destacado de este repunte de inseguridad. Recordemos que en Ceuta, una Ciudad pequeña (diecinueve kilómetros cuadrados) y encerrada, operan conjunta y simultáneamente la Guardia Civil y la Policía Nacional (mil seiscientos dieciocho efectivos entre ambos cuerpos), la Policía Local (trescientos), la Policía Militar (treinta y cinco), la Policía Portuaria (cincuenta y cinco) y los Vigilantes de Seguridad (doscientos, aunque con competencias muy reducidas). Alguien no cumple bien su función. O están mal dirigidos, mal coordinados o mal disciplinados. Pero en cualquier caso, existe una clara responsabilidad políticas que se debe asumir. El Delegado del Gobierno tiene que relevar inmediatamente a quien no es capaz de cumplir satisfactoriamente sus obligaciones (por incapacidad o por actitud). O dimitir.
Dos. Los hechos delictivos generan incontenibles y variopintas corrientes de opinión, creando un contexto que afecta mucho al estado de ánimo colectivo y que acarrea inevitables repercusiones políticas.
Pero en este apartado, la responsabilidad no se puede distribuir en cuotas equivalentes. Los medios de comunicación deben actuar con rigor, procurando no apartase de sus pautas profesionales (sin callar, sin exagerar, sin insinuar, sin instigar); las entidades (incluidos los partidos políticos) deben ser justos y precisos en sus declaraciones públicas renunciando, siempre, a la tentación de aprovechar la ocasión de “hundir al adversario”.
Las críticas deben ser todo lo duras y contundentes que se quieran; pero fundamentadas y oportunas. Pero el mayor grado de responsabilidad recae en quien “habla en nombre de las instituciones”. Esta es la referencia esencial en un sistema democrático. El Delegado del Gobierno tiene la obligación de hablar de manera puntual, comedida, sincera y convincente. La ciudadanía espera que las instituciones tengan controlada la situación, y ello se transmite explicando las cosas de manera rigurosa y creíble. Desgraciadamente, nada de esto está sucediendo. Da la impresión de que el Delegado del Gobierno está librando su particular batallas contra “nadie sabe quién”. Sus intervenciones públicas, más que destinadas a tranquilizar a la población, convenciéndola que los cuerpos y fuerzas de seguridad funcionan correctamente, son un alarde de “autodefensa” sobre ataques que él considera desproporcionados. Está cayendo en el grave error de “matar al mensajero”. Debe rectificar de inmediato por el bien de la Ciudad. Los hechos no se pueden negar ni minimizar, lo errores no se deben ocultar ni obviar. Las cosas pasan. Los ciudadanos las ven.
Los medios también (y lo cuentan). Y la Delegación del Gobierno tiene que actuar y resolver. No entrar en una riña como si de un particular ofendido se tratara.
Tres. La seguridad ciudadana es, en todas partes, un tema muy delicado; pero en Ceuta todo tiene una perspectiva adicional que no es cosa menor. Y que nos obliga a ser más cautelosos. Los comentarios en redes sociales y medios digitales sobre los hechos delictivos (muchos de ellos anónimos) ponen los pelos de punta.
Ese espacio en el que todos se sienten impunes (liberados de la presión social que ejerce la exigencia de un comportamiento público éticamente correcto) permite detectar la dimensión real de las actitudes racistas. No se analizan los hechos violento en sí mismos, si no en función de la adscripción étnica de las víctimas o los autores.
De este modo, no estamos ante un debate sobre seguridad ciudadana al uso, sino que degenera hasta un debate sobre la imposibilidad de convivir. Por ello, antes de verter una opinión deberíamos tener claro qué queremos hacer con esta Ciudad. Esa es una responsabilidad de todos. No valen declinaciones ni delegaciones.
