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Son los de Gran Vía y Plaza Nicaragua. Además, afirman que no se le puede encargar ninguna obra del Plan de Inversiones
El Colegio de Arquitectos ha recurrido los dos decretos del Consejero de Fomento que aprueban las encomiendas de gestión a TRAGSATEC para la redacción de los proyectos de la Gran Vía y la Plaza Nicaragua por considerarlos actos nulos, pues su objeto no corresponde a las funciones que la legislación vigente asigna al Grupo TRAGSA, cuyo ámbito de actuación se circunscribe al medio natural y el marco medioambiental.
Según el COACE, los estatutos de TRAGSA reflejan las actividades que constituyen su objeto social, “las cuales son idénticas a las previstas en la disposición del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que establece el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales, definiendo un ámbito de actuación vinculado al medio natural y el marco medioambiental. Sin embargo, su filial TRAGSATEC ha ampliado su objeto social más allá de tal ámbito. Y, si bien las funciones técnicas enunciadas en los siete primeros grupos de actividades pueden considerarse adscritas al medio natural y/o al ámbito medioambiental –aunque a veces este se refiera al medio urbano–, las del último son tan genéricas y amplias que admiten cualquier tipo de trabajo que se pretendiera encomendar”.
Colegio
Por consiguiente, entiende el Colegio de Arquitectos que, “cualquier encargo que la Ciudad de Ceuta le hiciera al Grupo TRAGSA en función de lo previsto en tales estatutos, pero fuera de las competencias establecidas en la normativa contractual en vigor, sería un acto nulo de pleno derecho y sin efectos jurídicos”.
Sin embargo, van más lejos y señalan que también lo sería de cualquier otra encomienda que la Ciudad realizara a TRAGSA para la ejecución de obras del Plan de Inversiones 2015-2019 y cuya finalidad excediera de las actividades que constituyen su objeto social (tales como la conexión viaria a lo largo del Arroyo Paneque, el nuevo polideportivo López Díaz-Flor, la remodelación de la Gran Vía y su entorno, el paso elevado de Miramar, la urbanización de la Plaza Nicaragua o la pista de atletismo en la base militar), pues aquella iría “en contra de la legislación vigente”.
Ahora habrá que esperar a ver cual es la respuesta de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma a esta reclamación que ha interpuesto el Colegio de Arquitectos.
La oposición también enfrentada con el Gobierno
No solamente es ahora mismo el Colegio Oficial de Arquitectos el que ha interpuesto este recurso para que no pueda la empresa Tragsa realizar los proyectos de reforma de la Gran Vía y de Plaza Nicaragua, sino que los partidos de la oposición, de manera especial, Caballas, a la que también se sumó el PSOE, la que mantiene ese enfrentamiento con el equipo de gobierno por la política que ha puesto en marcha el equipo del presidente Juan Vivas.
Tengamos en cuenta que se ha mantenido que el 30% aproximadamente del Plan de Inversiones será realizado por Tragsa. Es lo que se han venido en denominar ‘obras singulares’ y donde el Gobierno del Partido Popular no quiere que haya retrasos en la adjudicación y por ello recurre a esta empresa pública, del que la Ciudad Autónoma de Ceuta ya forma parte de su accionariado.
Hay que recordar que el propio grupo de Caballas se ha presentado en el Juzgado para denunciar la selección del personal que realizó Tragsa para las sesenta personas contratadas para el contrato de seis meses destinado a la limpieza de vaguadas, parterres y lugares de difícil acceso.
