El próximo día veintiocho de mayo se celebran las elecciones municipales que van a definir la configuración de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta. Esta semana (el jueves, a las doce de la noche) comienza la campaña electoral. Es importante que en el debate electoral se sitúe en un lugar relevante la política municipal respecto a la educación.
El Gobierno de la Ciudad, siempre propenso a esquivar problemas y secundado en esta cuestión por el resto de formaciones políticas (aunque es cierto que con matices diferenciadores), suele aclarar que las competencias educativas corresponden al Gobierno de la Nación y que, en consecuencia, la Ciudad está de antemano eximida de toda responsabilidad respecto al modo en el que se gestiona el sistema educativo. Este posicionamiento se resume en este simple corolario: “bastante hacemos con lo que hacemos sin tener por qué”. Una excusa que, sin embargo, encierra una gran mentira. En primer lugar, porque sí hay determinadas parcelas del sistema cuya gestión compete directamente al Gobierno de la Ciudad. Y en segundo lugar porque más allá del ámbito competencial en sentido estricto existe una competencia “política” de carácter general que es el bienestar de la ciudadanía que se gobierna. Y parece poco discutible que la educación forma parte indisociable del concepto democrático de bienestar. Tampoco es competencia de la Ciudad subvencionar un equipo de futbol profesional o financiar nueve medios de comunicación (por ejemplo) y, sin embargo, se destinan a ello decenas de millones en cada legislatura. Se supone que apelando al “ámbito competencial intangible” que justifica ese gasto por el bien de la comunidad.
"El inicio de un nuevo periodo político es una oportunidad para revisar y planificar objetivos"
El inicio de un nuevo periodo político es una oportunidad para revisar y planificar objetivos. La Federación de Enseñanza de CCOO de Ceuta quiere, desde esta tribuna, hacer un llamamiento a todos los partidos políticos que participan en el proceso electoral, para que entiendan y asuman la necesidad de priorizar la educación en la acción política de la nueva Asamblea. En la vida política la educación siempre sale mal parada. Todos hablan mucho de ella; pero (casi) nadie se compromete con la ambición y determinación que nuestra realidad educativa demanda. Al menos en estos cuatro objetivos que vamos a exponer a continuación, sería deseable que se tejiera un amplio consenso que se traduzca en medidas concretas e inmediatas.
Uno. La escolarización de cero a tres años. Competencia municipal. En la actualidad, el índice de escolarización de este tramo educativo, en Ceuta, está por debajo del veinte por ciento. En el conjunto del país, por encima del cuarenta. Inadmisible. Es fundamental para nuestra Ciudad revertir esta situación. Alcanzar, al menos, ese cuarenta por ciento debe ser un anhelo unánime. Es necesario revisar el catálogo de prioridades. No se pueden invertir treinta millones en una escuela de pilotos mientras el ochenta por ciento de los niños y niñas ceutíes de cero a tres años no están escolarizados. Con ese dinero se podrían construir escuelas infantiles para escolarizar a mil alumnos y alumnas.
Dos. Limpieza, vigilancia y mantenimiento de los colegios. Competencia municipal. El (futuro) Gobierno debe revisar en profundidad el modelo actual. La limpieza se presta a través de un contrato “lo más barato posible”, que apenas cubre los costes. La “competencia entre empresas” hace el resto. El resultado es una plantilla claramente insuficiente, sobreexplotada y extenuada; y los centros con un estado de limpieza lamentable. El servicio de vigilancia, otrora prestado directamente por la Ciudad con su plantilla de ordenanzas, ha pasado a ser una tarea más de Amgevicesa, Los y las ordenanzas de los colegios formaban parte de la comunidad educativa, se identificaban con el centro, conocían a las familias y al Claustro, se involucraban en las actividades y estaban hasta representados en el Consejo Escolar. Ahora son vigilantes rotatorios, con uniforme de Amgevicesa, que actúan como un servicio externo (más parecido a un vigilante de seguridad privada que a la figura de un, o una, ordenanza del centro). Las obras de conservación y mantenimiento se ejecutan de manera aleatoria y caprichosa sin orden ni concierto, siempre bajo la premisa de “lo mínimo imprescindible”, y eso cuando el director “se pone muy pesado”. No existe un órgano administrativo que se encargue de este asunto. El resultado de todo esto, sumado, es un completo desastre. El cambio de modelo es inaplazable.
Tres. Aplicación del principio de equidad educativa. Competencia compartida. No se puede entender cómo en una Ciudad como Ceuta, tan pequeña y con tantos recursos económicos públicos, aún siguen existiendo enormes y visibles barreras económicas que quiebran el principio de equidad educativa, generan bochornosas desigualdades y fomentan el fracaso escolar.
La política de becas (incomprensiblemente repartida entre la Ciudad y el MEFP), es palmariamente insuficiente; desordenada, incoherente e impuntual. En una Ciudad en la que el cuarenta por ciento de la población vive con rentas inferiores al umbral de la pobreza, esta forma de gestionar las ayudas al estudio, es una invitación institucional al fracaso escolar de los más vulnerables. Es preciso redefinir el concepto, redimensionarlo económicamente, y utilizar el instrumenta adecuado que permita que, efectivamente, la educación pública se gratuita.
Las clases particulares también aparecen en el escenario como un factor de desigualdad. Los alumnos que necesitan apoyo y tienen dinero, recuperan y prosperan; quienes carecen de recursos para sufragar las costosas clases particulares, fracasan y repiten. El MEFP debe implementar programas de refuerzo suficientemente extensos y bien dotados para acabar con esta injusticia. Pero la Ciudad también puede, y debe, colaborar en este propósito que no deja de tener una clara dimensión social (que sí es competencia suya).
Capítulo aparte merece la “brecha digital”. La pandemia puso de manifiesto que aproximadamente el treinta por ciento del alumnado ceutí carecía de terminales, conectividad, o ambas cosas que les impedían acceder a los contenidos educativos digitales. Esta situación es intolerable. Una Ciudad que se pasa el día haciendo propaganda de sus avances en el ámbito tecnológico, tanto docente como empresarial, no puede permitir que tres de cada diez niños o niñas estén privados de este servicio (cada vez más esencial).
Cuatro. La educación especial es responsabilidad de todos. Competencia compartida. En la actualidad es el “agujero negro” por excelencia de nuestro sistema educativo. El aumento de población escolar con necesidades educativa especiales, no ha venido acompañado del aumento de instalaciones, equipamiento, recursos económicos y humanos necesarios para garantizar a este colectivo una enseñanza con el nivel de calidad que merecen. Todo es un continuo parcheo, intentando, curso a curso, “salvar los muebles”, siempre a costa de machacar al profesorado (trabajando en condiciones insoportables) y al alumnado (sin recibir la atención adecuada). Es cierto que sobre el MEFP recae el mayor grado de responsabilidad sobre esta cuestión (es quien debería construir un nuevo centro, dotar a los demás de plantillas suficientes y estables, y cambiar las normas ya obsoletas). Pero esto no es óbice para que la Ciudad rehúya su parte de responsabilidad (que también tiene). La construcción de centro especializado para la atención al alumnado con TEA es un acuerdo plenario aún pendiente. Y la propuesta de implementar programas de intervención (como los “maestros sombra”) en el marco del convenio entre la Ciudad y el MEFP, es una posibilidad cierta y perfectamente al alcance del Gobierno que hasta ahora no ha querido explorar. Esperemos que cambien de opinión. Merece la pena.
