La reversión del cambio de modelo de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social fue uno de los asuntos que Vivas puso sobre la mesa al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, durante su última visita a la ciudad. La Delegación también ha intentado suprimir la modificación introducida vía Real Decreto en enero, a la que se han opuesto los principales partidos locales y los agentes socioeconómicos.
Hasta ahora lo más que se ha escuchado al Ejecutivo central para justificar su planteamiento de reemplazar el 50% vigente por una cantidad fija de 262 euros mensuales es contribuiría a hacer el marco menos “regresivo”, pues ahora el Estado debe sacrificar más ingresos en favor de quien más gana, y más “transparente”.
Las bonificaciones vigentes ahorran a las empresas beneficiarias una media de 150 euros por trabajador acogido a un marco que excluye a las administraciones, donde se concentran los salarios más elevados en la ciudad.
El dato constata las extraordinarias diferencias retributivas existentes entre la mayoría del sector privado y el público, pero también que el cambio de sistema beneficiaría, de entrada, a la mayoría de las empresas que ahora ya disfrutan de las bonificaciones. Con voluntad por parte de patronal y sindicatos para ajustar convenios, el ‘Plus de Vinculación’ que llega a los sueldos netos también podría ser superior, al menos para quienes tienen bases de cotización inferiores a 1.700 euros mensuales.
El millonario esfuerzo que realiza el Estado para sufragar esas bonificaciones debe traducirse en resultados medibles en términos de empleo y desarrollo.
La apuesta por sectores con mayores niveles salariales también es plausible, pero cuando menos todas las partes deberían dar explicaciones sobre cómo ponderan los intereses en juego entre una mayoría que podría mejorar su situación actual y una expectativa a la que por pingües privilegios no se impone ni la residencia efectiva en la ciudad.
