Caen en Ceuta un 60% las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. Se trata de los datos arrojados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que comparan las cifras de 2022 con las del anterior ejercicio.
Así, el año pasado en territorio ceutí, se registraron 12 embargos, 18 menos que en 2021. De estas, 11 eran viviendas usadas, mientras que 8 correspondían a residencias cuyo titular era una persona física.
Tan solo Melilla supera estas cifras con 2 ejecuciones, un 50% menos con respecto a sus datos precedentes.
No es una excepción ni mucho menos. Se trata de una tendencia generalizada entre las comunidades autónomas entre las que destacan las excepciones de Extremadura, con un crecimiento en los mencionados datos del 7,5%; Baleares, con el 6,4% de incremento; y Galicia, donde aumentaron los embargos 1,5%.
En el extremo contrario, País Vasco y La Rioja protagonizaron las mayores caídas de la Península, con un 23,3% y un 19,8% tan solo superados por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Como resumen, el INE muestra que en todo el año pasado se produjeron en España 14.148 certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria o embargos para su venta tras el impago de un crédito, casi dos tercios en Andalucía (25,9 %), la Comunidad Valenciana (20,2 %) y Cataluña (18,5 %).
En cifras absolutas, en Andalucía se registraron 3.660, en la Comunidad Valenciana 3.344; en Cataluña 3.136 y en Madrid 1.443.
Además, se produjeron otras 2.703 sobre viviendas de personas jurídicas, también en mayor medida en Andalucía (26,0 %), Cataluña (19,4 %) y la Comunidad Valenciana (18,1 %).
Sumando ambas, en todo el país hubo en 2022 16.851 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 18,57 % menos que en 2021, al caer un 6,54 % respecto a las que eran propiedad de personas físicas y un 51,35 % respecto a las que eran propiedad de personas jurídicas.
La comparación con 2019, antes de la pandemia, ofrece como resultado un descenso en conjunto del 38,70 %, pero una subida del 91,66 % en las viviendas de personas físicas frente a una reducción del 86,56 % en el caso de las personas jurídicas.
En este caso, por comunidades autónomas, las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se dispararon un 234,48 % en 2022 respecto a 2019 en la Rioja, un 181,97 % en Murcia, un 145,83 % en País Vasco, un 139,00 % en la Comunidad Valenciana, un 127,27 % en Navarra y un 103,11 % en Andalucía.
