España tiene más de 8.000 municipios. De ellos, casi 5.000 tienen una población inferior a los 1.000 habitantes. A partir de estos datos tiene sentido preguntarse si existe un tamaño óptimo de los municipios, desde el punto de vista de la eficiencia económica en el suministro de bienes y servicios públicos. Es decir ¿hay ganancias de eficiencia a consecuencia de la descentralización del gasto público? ¿Hay algún limite a esta eficiencia a consecuencia de los costes de producción de los bienes y servicios públicos suministrados por los entes territoriales de menor nivel?
El Instituto de Estudios Fiscales ha analizado esta cuestión en 2021 y lo ha plasmado en su Informe 1/2021. En dicho estudio han participado tres investigadores de probada solvencia (Piñero JM; Pérez C. y Conthe J.). Para ello, han delimitado el ámbito de las competencias municipales. Unas son propias, otras obligatorias, en razón del tamaño del municipio y otras que pueden ser objeto de delegación por parte del Estado y las Comunidades Autónomas.
Para evaluar la eficiencia en la provisión de servicios públicos han analizado la evolución del coste medio por habitante de cada uno de los servicios prestados en función del tamaño del municipio en los últimos años, habiendo observado que hay servicios para los que el coste medio por habitante decrece a medida que aumenta el tamaño del municipio, servicios para los que dicho coste medio crece conforme aumenta el tamaño del municipio y servicios que presentan un coste medio por habitante en forma de U, que significa que en un primer tramo el coste medio decrece con el tamaño del municipio por existir economías de escala, hasta un punto a partir del cual aparecen las deseconomías de escala y el coste medio crece. En estos casos, el mínimo de esta curva en forma de U se corresponderá con el punto de coste medio por habitante mínimo y con el tamaño óptimo del municipio en relación con la prestación de servicio.
Para analizar todo lo anterior han utilizado la base de datos del coste efectivo de los servicios de las Entidades Locales (CESEL), que desde 2014 está disponible en la administración española y se extiende a la totalidad de los municipios del pais. Dicha base recoge 85 indicadores que corresponde a 43 competencias o servicios distintos. Para calcular una medida central robusta del coste por habitante, los investigadores han recurrido a técnicas estadísticas desarrolladas por Tukey, Huber y Hampel. Una vez hallado dicho valor de la media central robusta del coste medio por cada servicio por estrato de población municipal, agregando dichos costes para las diferentes competencias calcularon el estrato de población que presentaba menores costes medios por habitante, o lo que es lo mismo, el más eficiente desde el punto de vista de la prestación de los servicios municipales.
La principal conclusión de dicho trabajo se refiere al tamaño municipal más eficiente desde la perspectiva del coste de prestación de los servicios municipales, que parece encontrarse entre los 5.000 y 10.000 habitantes, excepto para el caso de las competencias obligatorias para municipios de hasta 5.000 habitantes en las que a partir de 2.000 habitantes se alcanza ya el mínimo coste efectivo por habitante y, por tanto, el tamaño óptimo.
En municipios de tamaño inferior a 20.000 habitantes parece encontrarse la frontera para que los servicios pudieran ser proporcionados por entidades de naturaleza provincial o insular, a efectos de conseguir una mayor eficiencia en su provisión. También parece que debería rebajarse en función de los resultados del presente trabajo, que avalaría tal propuesta por debajo de los 2.000 o 5.000 habitantes, dependiendo del tipo de servicios.
A efectos meramente ilustrativos, el coste medio mínimo de los servicios de competencias obligatorias está en los municipios de entre 2000 y 5000 habitantes, que se situaba en 174,5 euros por habitante y año. Desglosando tendríamos 37,6 en alumbrado público; 3,5 para cementerios; 35,4 para recogida de residuos; 14,3 en limpieza viaria; 41,6 de abastecimiento domiciliario de agua potable; 7,2 en alcantarillado; 9,4 en acceso a los núcleos de población y 25,5 para pavimentación de las vías públicas. Añadiendo a esto las competencias obligatorias en municipios de más de 5.000 habitantes, el coste medio mínimo se sitúa en 213,8 euros por habitante y año, que corresponde a los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Como indican los propios investigadores, sería interesante que en un futuro se pudiese cuantificar el ahorro que supondría concentrar la población de los municipios pequeños en municipios de más de 5.000 habitantes. Y si este estudio se hace por Comunidades Autónomas, podrían obtenerse posibles diferencias en la prestación de servicios entre las diferentes regiones españolas.
Los datos del presente trabajo pueden dar luz para confeccionar los programas electorales para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Si lo que nos preocupa es dar buenos servicios a los ciudadanos, de la forma más eficiente, quizás el análisis del coste medio de los servicios de prestación obligatoria por persona y año podría ayudar a realizar este trabajo. Y por supuesto, dilucidar de forma clara qué tipo de agrupaciones o consorcios son necesarias desde el punto de vista de la eficiencia y cuales no son más que ocurrencias que más bien responden a otro tipo de intereses.
