Todos sabemos que la permanencia de la Policía Local en la N-352 está siendo polémica, en primer lugar, porque los mismos sindicatos están señalando que es una carretera nacional y que además se están desatendiendo otros servicios. Tampoco se puede olvidar que la Ciudad Autónoma le está sacando de muchas castañas del fuego a Nicolás Fernández Cucurull, porque ante la falta de policías nacionales y de guardias civiles, los locales se están multiplicando por dos y hasta por tres. En ocasiones, parece que no haya unos 250 agentes, sino 500. Se ha demostrado que la Policía Local ha asumido competencias, porque así lo ha decidido el presidente para ayudar a la Administración estatal, que o no le corresponden o que, en todo caso, han de ser auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pues bien, el delegado, después de haber solicitado un informe a la Dirección General de Tráfico, ha venido a calentar el ambiente. Ayer, ante la pregunta sobre el análisis de la polémica sobre la presencia de los locales, vino a señalar que es perfectamente legal y que así lo obliga la Ley de Seguridad Vial, al considerar una travesía, la N-352, porque es una carretera nacional que cruza una población. En vez de hablar de buen entendimiento entre Policía Local y Guardia Civil, de entre Administración estatal y autonómico, cogió las tablas de la ley, en forma de Ley de Seguridad Vial y dijo “éstos son mis poderes”. De esta manera, lo único que se hace es calentar el ambiente en unas jornadas donde hay tranquilidad en la N-352, pero donde a la vuelta de la esquina al final los locales son esenciales para intentar que el caos sea menos caos si se puede.
