Hoy 3 de diciembre, En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los y las socialistas manifestamos nuestro firme compromiso con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la ONU y ratificada por nuestro país en 2008. La aplicación de este instrumento supone establecer, reforzar y garantizar los derechos de las más de 4,3 millones de personas con discapacidad y sus familias en nuestro país.
En uno de cada cinco hogares en España vive una persona con discapacidad, muchas de las cuales necesitan una atención y cuidados específicos, pero que además enfrentan a diario importantes barreras, muchas de esas barreras son físicas pero otras se deben al estigma asociado a la discapacidad basado en muchas ocasiones en prejuicios y desconocimiento.
Estas barreras suponen desigualdad en muchos ámbitos como en el acceso al empleo, con una mayor brecha salarial o los problemas de acceso a los servicios públicos o la participación social por poner algunos ejemplos.
Estamos trabajando para hacer realidad nuestro compromiso, que también es una reivindicación de las organizaciones; de reformar del artículo 49 de la Constitución para actualizarla con la terminología adecuada que, además, refleje el modelo actual de políticas dirigidas a las personas con discapacidad basado en derechos subjetivos.
Este proyecto de reforma constitucional, aprobado en Consejo de Ministros, se está tramitando actualmente en el Congreso. Nunca hemos pretendido hacer solos este camino, tampoco ser sus protagonistas; con un amplio consenso social y también del resto de los grupos políticos. Confiamos en la responsabilidad y compromiso de todos y todas, y por ello seguiremos trabajando hasta su aprobación definitiva.
Consideramos de vital importancia el apoyo a los colectivos de personas con discapacidad más vulnerables: las mujeres y niñas con discapacidad que son más de 2 millones y que ya de por sí son vulnerables, resultan todavía más expuestas a problemas como la violencia de género; o también los más de 100.000 menores de 16 años que tienen algún tipo de discapacidad; o quienes viven en zonas rurales, entre otros.
Porque todos y todas tenemos los mismos derechos, nuestra misión es garantizar que también tengamos las mismas oportunidades para ejercerlos. De ahí que resulte de vital importancia la garantía de la accesibilidad universal y la plena inclusión a todos los ámbitos de la vida, singularmente de los espacios públicos.
La Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad es la base del compromiso por una sociedad inclusiva en la que la diversidad ocupa un lugar central, proponiendo un nuevo enfoque que es necesario trasladar a las distintas legislaciones, como lo hemos hecho recientemente con la aprobación de la Ley de Consumidores Vulnerables, una ley eminentemente social: para la igualdad de oportunidades, para la accesibilidad universal y para proteger a ese altísimo 39% del total de la población española que sufren una situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo. También lo hemos hecho modificando la Ley General de Discapacidad para reconocer una discapacidad igual o superior al 33% a quienes tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente; extendiendo además las medidas de acción positiva a la contratación laboral de estas personas. O como hemos hecho con la aprobación de un nuevo baremo de reconocimiento de la discapacidad o el proyecto de reforma para la accesibilidad del servicio del 112.
Seguiremos trabajando para atender las necesidades del colectivo también en el ámbito laboral, sanitario y sociosanitario, eliminando barreras, mejorando y ampliando la atención temprana así como el diagnóstico, la atención y cuidados.
Recientemente el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, que supone una hoja de ruta ambiciosa y posibilista para que el Estado, todas las administraciones y poderes públicos, hagan efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias. Una hoja de ruta que se ha elaborado de forma participativa y abierta junto con los colectivos implicados y la sociedad en general. Con esta estrategia España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030. Estas dos herramientas convertirán la inclusión en una política comunitaria y también en una política de Estado.
España necesita, hoy más que nunca, empoderar a las personas con discapacidad; no dejar a nadie atrás. Que las personas con discapacidad participen en una sociedad más libre, abierta, inclusiva, justa y solidaria. A ello ha contribuido el tejido asociativo organizado en torno a la discapacidad, cuyo trabajo reconocemos, y aprovechamos para felicitar el 25 aniversario del CERMI, muestra de la seriedad y compromiso del tejido social de nuestro país. El tercer sector trabaja por una sociedad en la que todas y todos participemos en igualdad de condiciones, en la que tengamos la oportunidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente y en la que tener una discapacidad no sea sinónimo de pobreza o de exclusión.
Juntos y juntas celebramos este Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
LO QUE ES BUENO PARA LA DISCAPACIDAD, TAMBIÉN LO ES PARA LA SOCIEDAD.
