Cristina Soler, profesora contratada doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, acaba de publicar en la Revista General de Derecho Europeo un trabajo, que interesa en Ceuta, titulado ‘La protección de los menores extranjeros no acompañados en la crisis de Ceuta de 2021: un análisis a la luz del Derecho Internacional y del Derecho de la Unión Europea’, en el que concluye que “sea cual sea la actuación de las autoridades de Marruecos en materia de inmigración y control de fronteras, ello no puede justificar que España incumpla sus obligaciones internacionales y europeas por lo que respecta a la salvaguardia de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, cuyo baluarte es la protección del interés superior del menor”.
A su juicio y al de todos los Tribunales que hasta ahora se han pronunciado, así lo hicieron las administraciones nacional y local cuando expulsaron a 55 niños migrantes solos al país vecino al margen de lo establecido en la Ley de Extranjería en vigor.
Y no hay excusa. “Las actuaciones por parte de Marruecos”, entiende Soler, “no pueden justificar el incumplimiento de España de sus obligaciones internacionales y europeas relativas a la protección de los menores extranjeros no acompañados”.
Desde su punto de vista la crisis de mayo y su gestión posterior ha puesto de manifiesto “que la práctica legislativa y judicial española relativa al régimen jurídico” de los niños migrantes sin compañía “es conforme con las obligaciones internacionales y europeas asumidas por España”. “Sin embargo, no lo es la práctica administrativa llevada a cabo por las autoridades nacionales, como así lo afirman los propios tribunales españoles”, contrapone.
“Por consiguiente, para asegurar la protección del menor no solo es necesario que la legislación nacional sea conforme con las obligaciones internacionales y europeas contraídas por el España, sino también que la intervención de las autoridades competentes se adecue a lo establecido en tales normas”, advierte.
“Un menor extranjero es ante todo un niño”
Soler destaca en las conclusiones de su análisis que “como defiende el Parlamento europeo, un menor extranjero es ante todo un niño expuesto a un peligro potencial”. En la misma línea, incide en que “la protección de los niños, y no las políticas de inmigración, deben ser el principio rector de los Estados miembros y la UE en este ámbito”. Por tanto, “ni las más adversas situaciones de afluencia migratoria, como la sufrida por España en mayo de 2021, pueden justificar la actuación de las autoridades españolas, manifiestamente contraria a las obligaciones internacionales y europeas basadas en el interés superior menor”.
“Excesiva dependencia” y maniobras arteras con la inmigración
Soler no oculta en su trabajo que “la labor de las autoridades marroquíes en el control de fronteras, especialmente en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, juega un importante papel para prevenir asaltos masivos a las vallas fronterizas de estas ciudades autónomas”, así como que la decisión del país vecino de “abrir deliberadamente sus fronteras en mayo de 2021, provocando con ello una de las mayores crisis migratorias y humanitarias en España de su historia reciente, pone de manifiesto la excesiva dependencia que tiene España de Marruecos para controlar la inmigración irregular”.
En ese marco, la doctora considera que el Reino alauita “hace uso (y abuso) de esta cooperación, utilizando a los inmigrantes como arma arrojadiza para fines políticos y económicos”, pero nada justifica que España se salte sus propias obligaciones.
Ni siquiera el Acuerdo de 2007 al que apelan constantemente el Gobierno central y el local: “Únicamente contempla una declaración de intenciones por ambas partes para cooperar en materia de prevención de la emigración ilegal de menores extranjeros y su retorno”.
Su aplicación, además, está tal y como corrobora la especialista “expresamente supeditada a la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del Derecho internacional y europeo”.
Lo lógico es devolverlos a su país
Lo que no se justifican son las leyes que nos han impuesto, que nos obligan a tirar abajo las fronteras y aceptar a todo el que le de la gana. Referéndum ya.
Yo no los veo delinquir, tan solo pedir o mendigar.
Y luego se quejan de que cada vez más países se alejen de los postulados de la UE, que quiere imponernos sus leyes, cuando sin comerlo ni beberlo se han convertido en un gobierno supranacional, no teniendo que haber pasado nunca de ser una zona de libre comercio.
Todo lo que se diga es hablar por hablar, las leyes se aplican para cumplirlas, España y la Unión EUROPEA tienen acuerdos con Marruecos y que este país incumple al 100% , España y la U.E. tiene que obligar a Marruecos entre otros a cumplir lo que se firma, de otra manera esto no tiene arreglo y el país vecino mientras no lo pongan firmes seguirá haciendo de las suyas
Pues con es regla de tres y por ende con esa filosofía, apañados vamos. Eso es como decir que como el vecino te hace la vida imposible, aguantes cumpliendo una ley que te impide denunciarle o protestarle, o defenderte por cualquier medio legal a tu alcance para hacerle frente. Pues habrá que cambiar la ley.
La actitud de menores, en cuyo país no ocurren guerras o persecuciones religiosas, no justifica lo que, a día de hoy, siguen haciendo. La devolución con sus padres es lo más humano y más correcto que hay que hacer.
Esos menores tienen padres; y si cada vez que cruzan se los devolvieran, estarían en Marruecos y no por aquí delinquiendo.
¿Por qué tenemos que mantener los hijos de estos señores?
Ya está bien de tanto buenismo.