El Consejo de Gobierno en Ceuta ha dado luz de verde a varios convenios que afectan a ámbitos como la cultura, sociedad, seguridad o medio ambiente y de los que ha dado cuenta el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, en rueda de prensa.
Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, se ha elevado a aprobación el convenio de colaboración con la Comunidad Gitana de Ceuta por un importe de 70.000 euros. Este convenio se enmarca dentro de la promoción y fomento de las actividades culturales.
Es de nueva creación, ya que antes solo se reservaba por parte del Ejecutivo una pequeña cuantía para la celebración del Día del pueblo Gitano. Ahora la Ciudad “fomenta y apoya la realización de actividades que lleve la comunidad durante todo el año”, ha señalado el portavoz.
Proyectos de formación y empleo
La Consejería liderada por Kissy Chandiramani ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la propuesta de resolución de los programas mixtos de empleo y formación en el marco del Programa Europeo 2014-2020 para el apoyo del mantenimiento de empleo.
Se ha concedido 927.220 euros para la realización de los programas con entidades sin animo de lucro. El aprendizaje y la cualificación se alternan para mejorar el currículo de las personas en desempleo. Este programa tendrá una duración de 6 meses, alternando trabajo con prácticas profesional.
Vehículos para la Policía Local y 119.000 euros de prevención de drogas
Por otra parte, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha elevado un convenio de colaboración con la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas en materia de prevención de la drogodependencia. La Ciudad recibirá por parte del Ministerio del Interior la cantidad de 119.000 euros. Desarrollará programas como el de inserción laboral, la RULE, y ‘Clase sin humo’ destinada a alumnos de Primero y Segundo de la ESO.
Asimismo, la misma Consejería ha elevado la aprobación para el gasto del suministro de 8 vehículos patrulleros para la Policía Local durante el ejercicio de 2023 por un importe de 280.000 euros. Durante el último año, la Consejería ha tramitado hasta 5 expedientes distintos para la renovación de la flota. Todos han sido adjudicados, y se está a la espera de su llegada. Concretamente se trata de: 17 vehículos patrullas, 5 furgones y 14 motocicletas, que de ese número 4 ya se han recepcionado 4 de ellas.
“En el compromiso por parte del Ejecutivo local para adecuar con los mejores medios a la Policía Local, y para paliar el incumpliendo por parte de las dos empresas, se ha llevado de manera inmediata esta nueva inversión para 8 vehículos de patrullas”, ha afirmado Gaitán.
Derribo de un ático y 15.000 euros para el entorno de la Almadraba
Por parte de la Consejería de Fomento y Turismo se ha elevado a Consejo de Gobierno la demolición de una obra ilegal, concretamente de un ático en Loma Larga en la barriada de Benítez, contando con un plazo para ejecutarlo de forma voluntaria ya que, de no ser así, lo hará de forma subsidiaria la Ciudad.
La Consejería de Servicios Sociales ha elevado la aprobación de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el impulso de la tarjeta social digital.
Y por último, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha elevado a aprobación el servicio de asistencia técnica para el proyecto de regeneración urbana, recuperación medioambiental y esparcimiento del entorno de la Almadraba con un presupuesto de 15.000 euros.
El derribo en Benítez, claro. Las obras ilegales del Recinto y Príncipe, ya si eso lo dejamos para otra vez.
¿Cuántos la forman, a cuanto cae cada uno?.
“Bancotomé”, regala 70.000 € a la comunidad Gitana.
A cuanto sale el voto de cada uno de la comunidad.
¿Interés General?
15.000€ para que la ciudadanía disfrute una zona tan degradada como la Almadraba y 5 veces más (70.000€) para no se sabe qué de la comunidad gitana.
Con todos mis respetos hacia esa histórica comunidad de Ceuta, que nunca entendí por qué no se cuenta a la hora de hablar de las culturas que viven en Ceuta, con el arraigo tan tremendo e histórico que tiene.
Estamos locos… las administraciones públicas deben buscar el interés general, no el interés particular de nadie ni de ninguna asociación minoritaria.