Sobre el retorno de los menores marroquíes

Los que llevamos ya un tiempo ejerciendo responsabilidades políticas, hemos hecho (eso sí, a la fuerza) una especie de postgrado en Prevaricación. Yo al menos, he visitado (no voluntariamente) los juzgados en más de siete ocasiones, para declarar ante un juez, por existir, a juicio de alguien, algún indicio de prevaricación en alguna de las miles de decisiones que habré tomado durante tantos años de servicio público. No me enorgullezco de ello, pero es un hecho, que no sé si me pone a mi en la orilla de los dudosos, o a quien o quienes me hayan denunciado en la fila de los inquisidores.

Pero a fuerza de tanto ir, de tanto declarar y de tanto leer sobre la prevaricación, hemos ido aprendiendo que, como dice nuestra sala, para que exista y sea reprochable penalmente, la decisión cuestionada o cuestionable ha debido ignorar de modo grosero el ordenamiento jurídico.

Es decir, para que todos lo tengamos más claro: alguien ha tenido que tomar una decisión habiendo sido informado de modo oficial por técnico competente en la materia, de que tal decisión es radicalmente contraria a la ley.

Pero volvamos a los hechos cuestionados. Porque lo que pasó en Ceuta en mayo de 2021, aquella invasión que quebraba nuestra soberanía, pisoteaba la legalidad internacional y las causas y los provocadores de la misma, no estaban lejos de Ceuta, pero no eran de Ceuta, ni del resto de España, ni tenían responsabilidades en ningún nivel en las distintas administraciones públicas de nuestro país. El reproche respecto de la falta de respeto hacia los derechos de los menores marroquíes que entraron en Ceuta violentando nuestra frontera, ese reproche, se dirigió por parte de todas las instituciones del Estado, incluidos importantes representantes del poder judicial, y de las instituciones europeas, hacía las autoridades marroquíes, quienes viendo el impacto internacional de su injusticia, reaccionaron comunicando al gobierno español, que estaban dispuestos a facilitar el retorno de sus nacionales menores de edad. Y si en algo podemos estar todos de acuerdo, es en que una situación de ese calibre, por el tamaño del contingente, como por la situación de crisis internacional que provocó, no se podía abordar con los medios habituales destinados al tratamiento de los menores transfronterizos, porque aquellos hechos de mayo del 2021, no se podían comparar con el trasiego habitual entre Marruecos y Ceuta en un contexto de normalidad.

"La grosería respecto a la aplicación de las normas fundamentales ha brillado por su ausencia”

El gobierno de Ceuta, competente en materia de atención a esos menores, solicitó al Estado la aplicación del Convenio Hispano-Marroquí para el tratamiento de los menores transfronterizos, por considerarlo a priori un texto legal (aprobado por las Cortes Generales) en vigor y la mejor herramienta para situaciones de altísima alarma como la que en aquellos días se estaba produciendo. El Estado interpretó que, en efecto, ese instrumento podía servir a la causa más importante de todas, que no era otra que dar la mejor atención a aquellos miles de menores que estaban en riesgo de carecer de las mínimas atenciones requeridas por su condición de menores. Pero el gobierno de Ceuta no se desentendió de esos menores mientras estuvieran en territorio español, contratando la asistencia de reconocidas organizaciones internacionales muy experimentadas como Save the Children y otras que, por medio de agentes especializados, entrevistaban a los niños y les prestaban las atenciones más inmediatas. Ningún menor fue retornado a su país sin su consentimiento y, desde luego, la documentación aportada sobre cada uno de ellos fue obtenida por los trabajadores de las ong’s, quienes sin duda hicieron un arduo trabajo en condiciones difíciles. Decidir es elegir, y con el respeto que se merece nuestro sistema penal, la elección propuesta por la ciudad, e insistimos en lo de propuesta, era a todas luces la mejor para los menores, porque su retorno era lo que les hacía menos vulnerables, porque la imposibilidad de alojarlos en condiciones, de atenderlos, de prestar todos los servicios requeridos, a un contingente de miles de menores no acompañados que aparece de repente en una pequeña ciudad como Ceuta, no puede ser interpretado como prevaricación, porque a un gobernante se le puede pedir equidad y respeto a la ley, pero no lo imposible. Por eso, por coherencia, por inteligencia y porque había un instrumento legal para aplicarlo que velaba sobre todo por el interés superior del menor, Ceuta invocó la aplicación del Convenio antes citado. La respuesta del Estado fue igualmente ejemplar, ordenando de acuerdo con las autoridades marroquíes, el retorno a su país y a sus hogares de aquellos menores que optaron por volver. Y Marruecos no es un estado fallido, sino reconocido internacionalmente. Es evidente que la orden de retorno la realizó quien podía, que no era la Consejera Deu, pero la cooperación entre autoridades permitió la atención y el retorno de aquellos niños que, de no haber regresado, hubieran vivido situaciones de vulnerabilidad indeseables, ante la imposible capacidad de respuesta del Área de Menores de la Ciudad, por las causas ya expuestas. Sin duda la Ciudad de Ceuta tiene un buen sistema de atención a los menores en situación de desamparo, pero tampoco es cuestionable que sus medios no alcanzaban ni de lejos para encarar una situación como la de aquellos días.

Quiero terminar con un sincero reconocimiento a todas las personas que trabajaron en aquellas jornadas y semanas, para preservar los derechos de los menores. A quien puso en marcha los mecanismos previstos en el texto legal aprobado por las Cortes Españolas que se aplicó ante una situación tan excepcional, instrumento legal sobre el que la Abogacía del Estado, una vez examinado el procedimiento, ha reiterado su informe favorable, despejando cualquier duda sobre la actuación de las distintas autoridades concernidas.

Ceuta es un ejemplo de respeto a los derechos humanos y ni siquiera una migración descontrolada como la que colocó a la ciudad al borde del colapso, provocó en sus autoridades la más mínima tentación de traspasar el borde de la ley. La grosería respecto a la aplicación de las normas fundamentales ha brillado por su ausencia. Existe una investigación impulsada por la fiscalía. Sobre ello todo nuestro respeto, con la confianza en que todo se aclarará y en que nuestras autoridades han vuelto a ser un ejemplo de equilibrio y sensatez.