La Delegación del Gobierno prevé dar un giro de calado a las políticas activas de empleo que se desarrollan en la ciudad centrando sus esfuerzos en iniciativas con mucho mayor calado formativo como las escuelas taller y los talleres de empleo, una línea en la que ya ha comenzado a trabajar la Dirección Provincial del SEPE.
La reforma permitirá devolver a la Ciudad la gestión de los Planes de Empleo, enfangados desde hace años en el conflicto generado por los sueldos que perciben los beneficiarios. UGT primero con los de la Ciudad y CGT después con los de la Delegación han puesto los programas al filo de la desaparición tras entender la Justicia, contra el sentido común, que los contratados deben percibir las mismas retribuciones que el personal de la Administración.
Se trata de un problema de origen que nos devuelve al eterno conflicto que genera la falta de desarrollo legislativo y normativo de las singularidades locales. Los Planes, de escueto encaje legal, no pueden servir para las carencias estructurales de la administración (como ocurre de forma escandalosa con la atención a la Educación Especial y la inclusión en los centros educativos), pero tampoco equiparar en remuneraciones con los empleados públicos a personas que no han tenido que demostrar cualificación, asumir responsabilidades superiores o superar procesos selectivos.
La Delegación y la Ciudad tienen que definir exactamente el propósito de los Planes que sobrevivan sin incurrir en más irregularidades (como posibles cesiones de trabajadores) y orientar las políticas activas de empleo hacia la formación con visos de inserción laboral real de los beneficiarios sin seguir engañándose al solitario.
