La Ciudad Autónoma se ha visto obligada a cambiar su modelo de ayudas al estudio después de que los editores de libros de texto, que miran por su negocio, judicializasen el anterior, estructurado alrededor de un sistema que permitía el reaprovechamiento de los materiales durante varios años. Al sector lo que más le preocupa es la sostenibilidad de sus cuentas y, aunque fuera por motivos de forma, logró la victoria definitiva ante los Tribunales.
A partir de este mismo verano el nuevo paradigma pasará por la entrega de un cheque-libro de 90 (en el caso del alumnado de segundo ciclo de Infantil) o de 150 euros (para Primaria y Secundaria) que exigirá de la administración local un desembolso de 2 millones de euros. El sistema que se va a implantar llegará a todos los estudiantes con independencia de su nivel de renta familiar, por lo que será preciso seguir con atención si el alumnado con menos recursos logra completar o no todos los materiales que precisa para seguir el curso en igualdad de condiciones que sus compañeros más pudientes o si es preciso retocarlo en pro de una mayor equidad.
Es positivo que la cobertura se haya extendido hasta el último curso de Secundaria, completando todos los niveles de escolarización obligatoria, pero quizá sea conveniente modular el importe de las ayudas para que sean más directamente proporcionales a los gastos reales de las familias, que no son los mismos en primero de Primaria que terminando la ESO.
La Ciudad también tiene que ser estricta a la hora de garantizar que los libros y materiales están en manos del alumnado a principios de curso, responsabilidad que ahora recae de lleno de las familias, y que todas destinan el dinero al fin para el que se les concede.
