Desde la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de la UGT condenamos enérgicamente el atentado sufrido por un conductor de autobuses.
Se trata de un colectivo expuesto a incidentes.
La situación de desprotección en la que se encuentra este sector se pone de relieve con los continuos ataques que vienen sufriendo autobuses y conductores.
El último se produjo el pasado sábado 2 de abril en Los Rosales, cuando un peatón arrojó una piedra de grandes dimensiones contra el trabajador que conducía el autobús.
No se trata de hechos nuevos y tampoco supone un hecho aislado puesto que en octubre de 2021 apedrearon dos autobuses en Arcos Quebrados, en mayo y noviembre de 2020 también se volvieron a apedrear, esta vez en El Príncipe.
Se trata de una situación de peligrosidad constante a la que hay que buscar solución. Tal es el caso de Cataluña. Donde el Tribunal Constitucional permite que el personal de transporte deviajeros pueda ejercer funciones de policía administrativa.
La sentencia de 6 de septiembre de 2018 avala la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, atribuyendo la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros. Este personal deberá comunicar las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes y ellos impondrán las sanciones que procedan.
En la sentencia se agrega que esa asignación no comporta la admisión por “ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas”.
Siendo los hechos habituales en esta ciudad, hay que poner fin a esta desgraciada ola de atentados que viene sufriendo este medio de transporte en los últimos años en la ciudad
