El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una reforma de la legislación civil y procesal española para favorecer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Una suerte de "garantía de apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas", tal y como lo describe Plena Inclusión, que estuvo presente en el momento de su aprobación. En Ceuta, esta red de organizaciones también trabaja por garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad física e intelectual.
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) también estaba presente en el momento de aprobarse esta reforma legislativa. Junto con Plena Inclusión, han celebrado este acontecimiento como “un hito para la democracia española, que acerca al país al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, lo que es más importante, elimina una discriminación histórica hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamentos".
Así lo explican desde ambas organizaciones y, en este sentido, Santiago Izquierdo, miembro de la red de portavoces con discapacidad de la AEFT y que ha estado presente en el Congreso de los Diputados en el momento de la aprobación, explica que esta reforma “acaba con una injusticia que me ha afectado a mí y a otras muchas personas con discapacidad. Antes yo ayudaba a mi padre en casa, él no sabía leer así que yo me encargaba de gestionar el pago de las facturas hasta que las domiciliamos en la cuenta; le acompañaba a las visitas médicas, hacía la comida, etc. Cuando me incapacitaron totalmente, perdí muchos derechos y un juez decidió que necesitaba más apoyos de los que realmente necesito, lo que ha derivado en dejar de hacer cosas que antes sí hacía. Con eso se consigue que no aprendas, incluso que retrocedas y que no seas autónomo”, reivindica.
Por su parte, Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión y primera persona con discapacidad intelectual representada en el Comité Ejecutivo Estatal del CERMI opina que la nueva legislación ofrece apoyos “para poder decidir sobre nuestra vida, nuestras cosas, nuestros planes. Los apoyos son importantes para tomar buenas decisiones”. Cáceres habla desde su experiencia personal: “Yo he tenido malos apoyos y buenos apoyos. Con buenos apoyos haces cosas que no podías imaginar. Además, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que hay que dar apoyos para la toma de decisiones. No hay que sustituir a la persona. Hay que ayudar a que seamos protagonistas de su vida”.
Las aportaciones de la AEFT y Plena inclusión, junto a las realizadas por el CERMI, han sido tenidas en cuenta para configurar la nueva norma, siendo claves para definir los sistemas de apoyo y ajustes de procedimiento que asegurarán una toma de decisiones con apoyos en el ámbito jurídico para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ahora, ambas organizaciones exigen que el nuevo sistema de apoyos cuente con financiación pública suficiente para poder garantizarlo y que los órganos de todos los operadores jurídicos implicados: jueces, fiscales, abogados, notarios, funcionarios, etc., reciban la formación necesaria para poder aplicar la reforma en todo su contenido.
