Como planteó la consejera de Bienestar Social en el Senado, la realidad del fenómeno en Ceuta tiene “miles de caras”, desde el abandono a la imposible reagrupación familiar.
El Gobierno central anunció recientemente que tiene previsto activar un plan específico para ordenar, de acuerdo con las autonomías, el tratamiento que se concede a los 3.000 inmigrantes menores de edad que llegan solos a España y se encuentran acogidos en la red de centros con esta finalidad.
El ‘Plan de Acción sobre Menores Extranjeros no Acompañados’, MENA, aprobado por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea y que fue presentado en el Parlamento de la UE, plantea como objetivos: promover la reagrupación familiar; fomentar la prevención en los países de origen; y garantizar su plena protección durante el tiempo que se encuentren en territorio español.
La Ciudad Autónoma sostiene que este plan debería tener en cuenta las especificidades de Ceuta por el elevado número de MENA que recibe dada su condición fronteriza. Marruecos, al igual que España, son estados parte de la Convención de Derechos del Niño, sin embargo, el primero parece desatender su obligación de proteger a estos menores a tenor de la fluida llegada a Ceuta, reflexionaron fuentes de la administración. Una desprotección originada en el reino alauí a la que responden las autoridades autonómicas para resolver así el problema de un tercer país.
Un fenómeno que, como expusiera Carolina Pérez, consejera de Asuntos Sociales, durante su comparecencia en el Senado del 24 de mayo, “en Ceuta tiene miles de caras”. No se trata únicamente de menores magrebíes y subsaharianos que huyen de la misera o que buscan su particular sueño europeo, se trata también de trabajadoras transfronterizas que abandonan a sus hijos en la ciudad y de niños con enfermedades irreversibles que requieren de unas atenciones que desbordan las posibilidades de un territorio que no tiene más de 77.000 habitantes, pronunció Pérez en su intervención.
La reagrupación familiar, primer objetivo del Plan europeo, es prácticamente imposible de cumplir ya que la notificación de desamparo a la familia, principalmente de Marruecos, no llega a realizarse en la mayoría de los casos porque se desconocen los datos relativos al domicilio familiar, otra de las características advertidas por el Área de Menores.
Mayor contribución económica de la UE
¿Debería la UE contribuir económicamente a las instituciones regionales y autonómicas en una situación especial porque atienden la presión migratoria de los MENA de un tercer país firmante del Convenio de Derechos del Niño? Recibir una partida de los fondos europeos por este rasgo distintivo ayudaría a financiar el sistema de protección de la Ciudad, a través del Área de Menores, el cual garantiza el bienestar del colectivo. Casos como el de niños acogidos que ven a diario a sus familiares, vislumbran una laxitud por parte del país vecino en su cumplimiento, según explicaron a este diario.
En datos
Financiación. En la actualidad, confirmó el Área de Menores, 137 MENA están acogidos en los centros ceutíes, mientras que en Andalucía son 835, según los datos del último informe de la Red Europea de Migraciones. De otro modo, 137 menores para una administración -a la vez local y autonómica- que tiene 260 millones de euros de presupuesto, frente a 835 para una administración, ésta sólo autonómica, con un presupuesto de casi 33.800 millones, es decir, el presupuesto de Ceuta durante 130 años.
Atención sanitaria. Los MENA que requieren de asistencia sanitaria en centros de otras comunidades, éstos implican para la Ciudad un desembolso de hasta 41.000 euros anuales por menor.
Integración. Las dificultades derivadas de este fenómeno no son sólo presupuestarias. Si el objetivo de cada MENA es su integración social y laboral, en Ceuta, con una economía asentada casi exclusivamente en el sector terciario y una tasa de paro del 28,5%, con 9.500 desempleados en una ciudad con 77.000 habitantes, se carece de empresas colaboradoras que faciliten el acceso al mercado laboral.
Desamparo. No todos los expedientes abiertos acaban con esta declaración y muchos resultan archivados por no haberse confirmado suficientemente las circunstancias que motivaron su incoación o por haberse modificado aquellas a lo largo de la tramitación del expediente. La Ciudad considera necesario regular un nuevo procedimiento.
