Los pacientes marroquíes sólo desembolsan el coste de la asistencia sanitaria cuando la embarazada necesita ser evacuada a la península o para los programas oncológicos.
El 95 por ciento de los expedientes de marroquíes atendidos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, carece de los datos para la identificación de estas personas (a lo sumo el pasaporte) y su posterior localización para que sufrague el coste de la asistencia recibida en la ciudad, informaron fuentes de la administración sanitaria.
Un contratiempo que afecta a los ingresos del Ingesa fuera del presupuesto concedido por el Ministerio de Sanidad y Consumo ante la inexistencia de mecanismos para garantizar su cobro a diferencia de lo que ocurre con otros países, como ya denunciaran los sindicatos de este sector.
La recaudación del Ingesa procede, en su práctica totalidad, de las aseguradoras privadas como Asisa, Adeslas o Sanitas y de las mutuas españolas, afirmaron fuentes sanitarias. Esta captación de fondos por el servicio sanitario prestado se sustenta, por ejemplo, en la cobertura proporcionada a las víctimas de accidentes de tráfico y de trabajo, añadieron las mismas fuentes, mientras que las facturas satisfechas por marroquíes no alcanzan la veintena al año.
En una proporción mínima, la familia de una de cada 80 embarazadas marroquíes recibidas en el Hospital Universitario paga la evacuación a la península de la mujer cuando ésta lo requiere ya que las autoridades españolas exigen la presentación de la factura de abono del servicio sanitario para obtener el visado. Los usuarios del país vecino que asisten a programas oncológicos y de terapia también están registrados.
La Ley 4/2000 que recoge el derecho de los extranjeros a recibir asistencia sanitaria es utilizada por la población vecina, según fuentes sanitarias, para acudir al hospital con cualquier patología aunque no sea grave. Como alternativa a esta situación, fuentes sanitarias proponen establecer una fase de triaje que permitiría seleccionar y clasificar a los pacientes derivando a aquellos no urgentes a su país.
En el caso de las embarazadas, de 50 mujeres sólo una presenta el documento acreditativo por el que el paciente puede acogerse a esta ley, estimaron fuentes de la administración.
Gasto anual de 3,4 millones de euros
El temido ‘efecto llamada’ al que apuntaban los sindicatos podría confirmarse en cifras en el próximo ejercicio. Mientras que en los últimos cinco años se ha invertido una media de 3,4 millones de euros en la asistencia a extranjeros, esta cantidad podría aumentar a tenor del incremento de pacientes de esta nacionalidad que han detectado determinados servicios del clínico. La inauguración de unas instalaciones con televisiones de plasma en las habitaciones, mejoras en el menú y en la calidad de todos sus servicios resultaría atractiva para los marroquíes.
