Un piloto marroquí está siendo juzgado en Marrakech por su implicación en el tráfico ilegal de un medicamento que traía de España por sus efectos abortivos y que está retirado de las farmacias de Marruecos desde el pasado verano.
Según supo Efe de fuentes médicas y policiales, el piloto forma parte de una red compuesta además por tres médicos -el supuesto cerebro de la trama, más dos médicos internos en un hospital de Marrakech- y dos mujeres, todos ellos detenidos y juzgados en el Tribunal de Primera Instancia de esa ciudad por haber practicado cerca de treinta abortos.
La próxima vista es el día 24 de mayo.
Aunque el aborto es casi siempre ilegal en Marruecos y los casos judiciales por su práctica son numerosos, en este caso hay un detalle particular y es que, para provocar los abortos, los médicos no necesitaban practicar ninguna cirugía, sino que recurrían a una píldora de venta en España con el nombre de Arthrotec.
El medicamento, que en otros países europeos se llama Artotec, fue concebido para combatir enfermedades artríticas o reumáticas, pero entre sus efectos secundarios para las mujeres, como bien marcan sus instrucciones, están las contracciones del útero que conducen casi inevitablemente a la pérdida del feto en caso de embarazo. Por esa razón, se expide solo con receta médica.
Presumiblemente por esa razón -aunque nunca se dijo de forma oficial- el ministerio marroquí de Sanidad retiró de la circulación el Artotec (como se llamaba en Marruecos) el 31 de julio de 2018.
Cuando el ministerio decretó la retirada del Artotec, el combativo Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), que milita por el derecho al aborto, lamentó que la prohibición afectara ante todo a mujeres de bajo nivel socioeconómico, que se verían obligadas a abortar siguiendo "prácticas medievales".
Ya entonces el MALI -que distribuía de manera gratuita píldoras de ese medicamento a personas con escasos recursos- advirtió de que existía "un lucrativo negocio" de tráfico del Arcotec practicado por médicos del sector privado o por circuitos ilegales del mercado negro en los mismos hospitales.
Los hechos parecen haberles dado la razón, pues la red desmantelada por la policía en Marrakech había practicado ya cerca de 30 abortos valiéndose de los comprimidos traídos ilegalmente desde España con la complicidad de un piloto de avión, según algunos detalles filtrados a la prensa marroquí.
El funcionamiento de la trama era el siguiente: los médicos internos expedían una serie de recetas de Artotec a nombre del padre del piloto, quien supuestamente padecía una enfermedad reumática, y luego él se aprovisionaba en distintas farmacias de España (donde la caja de Artotec cuesta unos 12 euros) presentando las recetas expedidas en su país.
El estudiante y los dos médicos habían acondicionado un apartamento de Marrakech como centro de abortos clandestinos, y llevaban allí a las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo y pagaban por cada intervención entre 3.000 y 3.500 dirhams (300-350 euros).
La policía supo del "apartamento clandestino" por la declaración de una mujer, pero sospechó que en aquel caso había algo más y siguió los pasos del cabecilla, quien viajó hasta Tánger para reunirse con el piloto un día en que este acababa de llegar de Madrid y transportaba cinco cajas de Artotec.
Según la Asociación Marroquí para la Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), entre 600 y 800 abortos se practican ilegalmente en Marruecos cada día, a veces en clínicas clandestinas que reúnen ciertos estándares y otras veces llevados a cabo por curanderas con métodos caseros sin la menor garantía médica.
En Marruecos, la práctica del aborto es ilegal -salvo que peligre la vida de la madre- y está penada hasta con diez años de cárcel; actualmente, un proyecto de ley contempla ampliar los supuestos legales de interrupción del embarazo a cuando el feto sea fruto de una violación, de incesto o tenga malformaciones congénitas.
El fundador y presidente el AMLAC, Chafik Chraibi, muy crítico con el proyecto de ley -según él, los nuevos supuestos no cubrirán ni el 10% de los casos- lamenta que "cada día" llegan a su mesa noticias de médicos y enfermeras arrestados por práctica ilegal del aborto y que lo más frecuente es que sean condenados a penas de entre uno y tres años de cárcel.
"Desgraciadamente no vamos hacia una mayor tolerancia, sino lo contrario", lamentó.
