APDHA sitúa a Ceuta como “paradigma” de la “desprotección de la infancia migrante”

APDHA ha denunciado en un informe publicado este miércoles las continuas vulneraciones de los derechos de los menores inmigrantes. Bajo el título ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, Infancia Migrante’, la asociación analiza desde distintos ámbitos la situación que afecta a los etiquetados como MENA y dedica varios apartados a la situación vivida en Ceuta.

La asociación analiza un momento en el que se ha registrado una mayor presión migratoria, con un incremento de casi el triple de llegadas respecto de 2017 y un aumento del 66% en el caso de los menores llegados a todo el país. Menores vulnerables sobre los que pone el foco de atención. Ausencia de derechos sociales y de protección en sus países, falta de perspectivas de futuro o contextos empobrecidos están detrás de las huidas de muchos de estos niños.

España es la frontera sur occidental de una Europa que se enfrenta a la llegada de menores solos, expuestos a multitud de riesgos y experiencias que atentan contra sus propios derechos y vidas. “Abandonar sus hogares, perder a sus seres queridos o ser testigos de múltiples situaciones de violencia son experiencias que marcan el desarrollo emocional”, concreta la Asociación, que ha hecho dos investigaciones de campo, una en Ceuta y otra en Marruecos.

Ceuta: paradigma de la desprotección de la infancia migrante

APDHA dedica un capítulo a Ceuta, colocándola como paradigma de la “desprotección de la infancia migrante”. “Al no estar dentro del espacio Schengen no se permite la movilidad fuera del territorio de los niños y niñas que viajan sin la compañía de un familiar adulto hasta que no cumplan la mayoría de edad y tengan regulada su situación administrativa. Esta particularidad es la que hace que opten, ante la indiferencia de las instituciones, por escaparse de los centros de protección-acogida y vivan en la calle o en edificios ruinosos y/o abandonados para continuar su proyecto migratorio”, explica.

Los menores experimentan un deterioro físico y mental importante que les lleva a terminar consumiendo drogas o exponerse a multitud de riesgos. La muerte de Omar ‘Susi’ en abril de 2018 y de Ilias, en febrero de este año son contempladas en este informe. Ponen identidad a unos perfiles de menores, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, procedentes de distintos puntos del norte de Marruecos y de un perfil ajeno en muchas ocasiones a la calle.

“El perfil mayoritario -aunque así se vende y de manera negativa desde los medios de comunicación y la administración- no corresponde a una situación de calle previa y que esta condición se da una vez que están en Ceuta a pesar de que tanto las administraciones como el Gobierno de Ceuta vende que estos niños tenían una situación de calle previa. Los que vienen de Tetuán vienen de sus casas, son chicos que han estudiado, pero en su país no tienen perspectivas de futuro... que estén en la calle aquí responde a que las condiciones que se les ofrece desde la administración

no se corresponden con su plan de vida y optan por otras”, explica.

La vida en la calle es dura, muchos se arrojan al consumo de drogas cuando pasan meses sin poder cruzar a la Península. Esa frustración les lleva al consumo. Muchos están afectados por enfermedades o heridas infectadas pero ni siquiera van al Hospital por miedo a una expulsión o porque no se les atienda. “Las heridas que se hacen al intentar acceder al puerto se complican, se infectan”. Incluso hay chicos que presentan casos de sarna al no disponer de higiene y afecciones mentales con intentos de suicidio.

APDHA denuncia también el no acceso a la educación, a fondos de libros, a becas de comedor a infraestructuras ajenas al centro de La Esperanza. Faltan planes educativos y el Gobierno termina aprovechándose de la labor que hacen las asociaciones que vienen a suplir con su voluntad y trabajo brutal estos vacíos. Una situación a la que se añade la “criminalización” del colectivo migrante

La visión en los medios de comunicación: la crítica

La Asociación recoge en un apartado una crítica directa al tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre los fenómenos migratorios con el uso de términos como “avalancha” u “oleada” además del consabido “MENA” como “sinónimo de menor en situación de calle, con actitud violenta, que no acata las normas y con tendencia a las politoxicomanías”.

“El tratamiento dado por la mayoría de los medios en lo que concierne a la situación y realidad de la infancia migrante influye, en primer lugar, a crear una imagen estereotipada del colectivo”, advierte. “Las noticias relacionadas únicamente con el aumento de las partidas económicas para la acogida de inmigrantes aumentan el racismo y la xenofobia”, añade APDHA.

“Cabe destacar la continua semejanza de la migración irregular con la criminalidad, reforzando la marcada línea ideológica e interesada del Gobierno. La visibilización que se hace del trabajo continuo por desarticular redes de tráfico de personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado influye en el imaginario colectivo al identificar la entrada por un punto no habilitado con el crimen organizado.

La realidad es más amplia y comprende otros métodos como la autogestión, grupos de personas que se autoorganizan para comprar una embarcación por sus propios medios”, explica la entidad. “En general, el tratamiento en los medios del fenómeno migratorio desde una perspectiva simplista que no visibilice las causas estructurales y los efectos de las prácticas y políticas migratorias europeas hace que directamente la ciudadanía relacione la inmigración con la delincuencia, además de estigmatizar a

determinados grupos de personas con un perfil étnico determinado responsabilizándolas del deterioro del Estado de bienestar”.

Marruecos como origen: puerta de salida

Más de 7.000 menores arriesgaron sus vidas para llegar a España, salen de un país en el que la cobertura de los derechos fundamentales depende directamente de la cooperación internacional y del tejido asociativo marroquí, con los peligros que ello conlleva al no haber control público sobre la mayoría de los programas de intervención.

“Aunque Marruecos haya aprobado leyes favorables a los derechos de las mujeres todavía son insuficientes en una sociedad que está fuertemente marcada por unos roles de género muy rígidos. No pueden hablar de sexo con sus familias. Hasta que la hija no se quede embarazada no van a hablar de conductas de riesgo. Las adolescentes

buscan chicos con coche, con buena posición social bien vestidos… entre los motivos del abandono de la escuela de las niñas está el matrimonio. Los talleres los realizamos niños y niñas separados… si los niños están con las niñas no las dejan tranquilas, ellas se hartan y total, como ya han abandonado una vez no les importa otra. Al final los niños también abandonan porque se aburren de estar solos”, se recoge en el informe.

Son apreciaciones que ayudan a buscar explicaciones de por qué hay menores que deciden dejar su país. Son muchos los riesgos que encuentran en la calle, a los que se enfrentan y a pesar de la existencia de centros es complicado evitar que se fuguen con el único objetivo de colarse en algún barco o en los bajos de un camión.

Vulneraciones sistemáticas de los derechos

La Asociación denuncia también en su informe las “sistemáticas vulneraciones de los derechos de la infancia migrante que evidencian el racismo institucional en un Estado, que les trata como migrantes antes que como menores, lo que le lleva a incumplir la legislación internacional, nacional y autonómica que obliga a la protección de los niños y niñas sin discriminar por nacionalidad”.

La organización explica que la llegada de la infancia migrante es una realidad presente en Andalucía desde hace más de 20 años, pero es en los últimos años, en los que se viene produciendo un aumento de los niños, niñas y adolescentes que migran sin la compañía de una persona adulta, cuando ha cobrado especial importancia “ante la falta de previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones”.

Según las estadísticas que elabora la APDHA, durante 2018 llegaron al Estado español 7.053 menores, casi el doble que el año anterior, de los que 6.063 eran niños y niñas que migraron sin compañía de una persona adulta, a juzgar por los datos de Unicef. Los últimos publicados por el Observatorio de la Infancia de Andalucía, de 2017, arrojan que de los 3.306 niños y niñas que llegaron a Andalucía, solo un 39% (1.309) fueron acogidos por el sistema de protección andaluz, lo que indica que la Junta de Andalucía deja de proteger a muchos menores cuando causan “abandono voluntario” y que la comunidad autónoma es un lugar de paso, no de destino de los menores.

En este sentido, critica la APDHA, “debe derogarse el cese de la tutela cuando transcurren seis meses dese que el menor o la menor dejó el centro de protección, ya que la Administración tiene la obligación de la localización para conocer las circunstancias en las que se encuentra y garantizar su protección”.

Asimismo, la organización evidencia que no se vela por ‘el interés superior del menor’ ni se respeta la Convención de Derechos del Niño, cuando “todas las actuaciones del Estado español van encaminadas más a la exclusión que a la acogida”. Ejemplos de ello son las “condiciones absolutamente intolerables” en las que se encontraban los niños y niñas en Jerez, Córdoba y Sevilla, durmiendo en el suelo y sin las mínimas medidas higiénico-sanitarias, las trabas en la declaración de desamparo y la tramitación de la residencia, la imposibilidad del acceso a la educación a los mayores de 16 o la falta de recursos en mediación intercultural y en el apoyo psicológico.

El informe aporta una batería de propuestas o recomendaciones con el fin de avanzar hacia un modelo integral de protección de la infancia que “ponga en el centro del interés del menor como ordena la legislación”. Entre las propuestas planteadas se encuentran revisar de manera urgente el “modelo fallido” de protección actual, y en especial el de acogida de emergencia, con el fin de cumplir con los estándares internacionales y garantizar soluciones duraderas. Es de vital importancia, señalan, respetar el derecho de la infancia a ser escuchada, regular la figura de un tutor o tutora independiente, arbitrar medidas para acelerar los trámites burocráticos, crear un protocolo coordinado entre las distintas Administraciones y una red transnacional autonómica en la que todos los organismos estén presentes y que cuenten con representación de menores bajo tutela o extutelados.