El Gobierno ya ha aprobado un crédito para hacer frente a unas tarifas cobradas por todos los puertos, incluído el ceutí.
Puertos del Estado, entidad presidida por Fernando González Laxe, deberá reembolsar cerca de 400 millones de euros a las distintas operadoras portuarias. Así se establece en las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que declaran ilegales las tarifas cobradas por las Autoridades Portuarias entre el año 1996 y 2003.Fomento ha conseguido en el último Consejo de Ministros un crédito extraordinario de 90,5 millones de euros para comenzar a solucionar el problema.
De todas maneras, hay que dejar muy claro que no son unas tarifas que cobraban por las buenas las Autoridades Portuarias, sino que eran establecidas por el ente público y por tanto es a este organismo a quien le corresponde ahora la devolución.
El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han advertido desde 1996 que las tarifas cobradas en los puertos no cumplían con la legalidad. “Las tarifas las fijaba el Ministerio por orden ministerial y no por ley, por lo tanto estaban establecidas de forma ilegal” asegura Manuel Carlier, Director General de ANAVE, principal asociación de navieras a nivel nacional.
“Un precio que cobra una entidad pública no es un precio privado sino una tasa y ésta debe ser regulada por ley”, añade Manuel Carlier.
En el caso de nuestra ciudad las cifras son muchos menores y se espera que en un próximo Consejo de Ministros se apruebe el dinero.
Aún así, los diferentes puertos siguieron cobrándolas. Las distintas operadoras portuarias reclaman ahora la devolución de la tarifa T-3. El problema de esta tarifa es que fue cobrada como privada y no como pública.
La dotación aprobada por el Consejo de Ministros destina 4,8 millones a la Autoridad Portuaria de Málaga, 1,4millones a Pontevedra, 53,8 millones a Tarragona, 7,8 a Barcelona y 22,8 millones de euros al puerto de Valencia.
Según fuentes del sector este problema de Puertos del Estado se une a los que podría causar la reforma de la Ley de Puertos. La nueva legislación plantea que las Autoridades Portuarias busquen sus propios clientes y sean comerciales.
Estos cambios permitirán a los puertos jugar con sus tarifas en un 15% arriba o abajo.
Fernando González Laxe ha declarado que esta normativa busca la autosuficiencia financiera, una rentabilidad mínima del 2,5% y que los puertos dejen de depender de los presupuestos del Estado.
La reforma de la ley que regula el sistema portuario podría tener, según fuentes especializadas del sector, las siguientes consecuencias: reducir los ingresos pesqueros, poner en peligro la financiación de grandes obras como la ampliación del puerto de Coruña o el de Gijón y provocar movilizaciones en el sector de la estiba, encargada de subir la carga a los buques.
