Ciudadanos ha anunciado que antes del verano trasladó a Fiscalía el asunto relativo a los trabajos que Acemsa dejó de pagar a la empresa ACC, con quien pactó una prórroga “totalmente ilegal” y cuyo coste se eleva a 1,6 millones de euros. Una situación a la que se llegaba después de que el Gobierno no quisiera hacer un reconocimiento extrajudicial de la deuda y optara por un modelo de “reconocimiento judicial pactado”, algo que para el secretario general de Cs, Javier Varga, “nos pareció irregular”.
Dispuestos “a no tolerar” este tipo de procedimientos, y tras anunciar que “el siguiente reconocimiento extrajudicial de deuda iría al Juzgado”, el partido de la oposición trasladó, hace unos meses, toda la documentación a Fiscalía. “Dimos el plazo pertinente para que Acemsa señalara quién había ordenado que se continuaran prestando servicios por ACC cuando el contrato había concluido y por qué se había actuado de esa manera”.
Dos condiciones necesarias para llevar a cabo un reconocimiento extrajudicial de deuda y que el Gobierno parece no querer atender, según ha apuntado Varga. “Se empeñan en hacernos creer que todo lo que sea llegar a un acuerdo entre varios es papeleo y burocracia y la única forma de hacer las cosas es hacerlas mal y fuera de los cauces legales”.
Ahora será el Ministerio Público quien deba decidir si existen indicios de ilegalidad, aunque Varga ha dicho desconocer “si la Fiscalía ya se ha pronunciado” al respecto.
