La propuesta de aprobación de la Cuenta General de 2017, presentada por la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, fue aprobada por la mayoría que mantiene la bancada popular en el Pleno de la Asamblea y con el voto en contra de la oposición.
Durante la discusión del punto en la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, la consejera aportó una serie de datos donde asegura que esta cuenta refleja un descenso leve del endeudamiento de la Ciudad, así como en el gasto de su actividad, cifrando la deuda actual en 21.7 millones de euros, cifrada el año anterior 23.4 millones.
No obstante y como suele ser la tónica geenral en este tipo de puntos de caracter económico, la oposición al completo coincidió en votar en contra de la aprobación de esta cuenta pública, opinando que el documento presentado por la Consejería no se ajusta a la realidad y que hay aspectos como el inventario del Ayuntamiento o el pago a proveedores que aún no está actualizado.
Ante este último aspecto, Chandiramani admitió que el inventario del Ayuntamiento que no está completamente actualizado, pero que este año se ha avanzado para completarlo, por ejemplo con el parque vehicular. Negó tambien que el pago a proveedores no se haya llevado al día, incluyendo la facturación electrónica, puntualización que le expetó la portavos del MDyC, fatima Hamed.
Caballas y Ciudadanos incidieron en la supuesta “calidad” del documento, catalogando Juan Luis Aróstegui de ser un documento “cochambroso” y Javier Varga de no seguir un orden establecido que ofreciera una comprensión ante el contenido del texto. Chandiramani consideró estos calificativos como una falta de respeto para el técnico del Ayuntamiento que elaboró el documento, entrando a detallar que todos aspectos eran inciertos.
MDyC, por su parte, también le recordó que la discusión y aprobación de la Cuenta General de 2017 llega tarde, ya que debió presentarse el 1 de junio y no se hizo hasta el 1 de agosto, dos meses después de lo establecido por ley.
Tras varias anotaciones al respecto y sin conseguir la aprobación de ningún integrante de la oposición, el Gobierno local consiguió sacar adelante este documento gracias a los votos de la bancada popular y completar así este trámite de obligado complimiento en la contabilidad de los municipios.
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