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La Ciudad revertirá las construcciones ilegales de Loma Colmenar

Por Redacción
19/03/2010 - 15:49
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Durante su visita, el consejero de Hacienda recordó que no permitirán que la zona se convierta en una “promoción sin ley”.

El anuncio de la Ciudad de no permitir la proliferación de obras ilegales en la promoción de VPO de Loma Colmenar se hacía ayer patente con la visita de los consejeros de Hacienda y Fomento, Francisco Márquez y Juan Manuel Doncel, junto al gerente de la empresa municipal de la vivienda, Emvicesa, Antonio López, a la zona a fin de conocer in situ el estado de las construcciones efectuadas por algunos de los adjudicatarios de las 225 viviendas.
“No vamos a permitir que se transforme en una promoción sin ley en la que todo el mundo haga lo que crea que debe hacer y eso deben entenderlo los adjudicatarios”. Así de contundente se mostraba Márquez haciendo hincapié en la total implicación de la Ciudad en el cumplimiento de la legalidad urbanística. “El Gobierno no va a consentir la modificación del proyecto original ni la invasión de zonas comunes de las cuáles los adjudicatarios de esta vivienda no son propietarios”, añade.
Ante las irregularidades cometidas en la zona, la Ciudad ya ha adoptado las medidas pertinentes para revertir las numerosas modificaciones efectuadas en las viviendas. Emvicesa ha contratado una empresa para proceder a derribar o desinstalar, según el caso, las construcciones que no respeten el proyecto original y que, por tanto, van en contra de las normas técnicas y de habitabilidad en materia de construcción.
Esta es la intención del Gobierno local anunciada por el consejero hacia la que ha denominado una “promoción modélica en su concepción y adjudicación, y que debe seguir siendola”. En este sentido, Márquez ha recordado la fuerte inversión presupuestaria ejecutada en esta promoción, más de 22 millones de euros destinado a colectivos con importantes carencias en vivienda. “Su calidad de vida ha mejorado de forma evidente cuando se ha producido esa adjudicación”.
“No queremos reproducir un nuevo modelo de ciudad en Loma Colmenar que se repite en otras zonas y por eso vamos a implicarnos al máximo”, asevera.

Actuación inmediata

Aunque el responsable de Hacienda ha aludido a “casos concretos” de construcciones ilegales  (instalaciones de rejas o tapias), también ha recordado que las obras no se han generalizado por la totalidad de la promoción, tan solo se han registrado diez denuncias por parte de la Policía Local, “pero hay que actuar ahora y con la autoridad que nos confiere la ley en vigor al objeto de restaurar la legalidad”.
Pese  a que el coste del derribo de las obras o restitución de los elementos al proyecto original correrá a cargo de Emvicesa, Márquez ha dejado entrever que, una vez finalizado el procedimiento, estas partidas se imputarán a los responsables de estas actuaciones.

Los vecinos tienen un plazo de diez días para revertir las obras

Tras la detección, por parte de Emvicesa de algunos adjudicatarios que han infringido la normativa en materia de construcción, la Ciudad dará un plazo de entre siete y diez días para restaurar las modificaciones acometidas en la zona. Para ello, Emvicesa ha iniciado ya el envío de una comunicación indicando los riesgos que supone la edificación en estas condiciones, así como las consecuencias derivadas de la misma. “Si persisten en este tipo de obras corren el peligro de que su adjudicación se revoque porque así lo permite la normativa vigente en materia de VPO cuando se infringe la normativa”. Márquez ha dejado clara la postura de la Ciudad “dispuesta a llegar a ese extremo si no se atiende a razones y al sentido común que es lo que está marcando la actuación del Gobierno”, añade.
Por otra parte, el consejero de Hacienda ha recalcado que la Ciudad llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de las obras ilegales estudiando, de manera pormenorizada cada uno de los casos. “La administración no tiene ojos en todas partes pero vamos a estar especialmente vigilantes y ser diligentes en esta promoción para certificar que se cumple la normativa en VPO”, concluye.
En el cumplimiento de esta actividad, la empresa municipal Emvicesa ya ha destinado el personal necesario para velar por el mantenimiento del proyecto original de estas viviendas de protección oficial.

Cronología de los hechos

Derribo de infraviviendas
1.- El derribo de las Caracolas se inició el 17 de febrero concluyendo dos días después. Las 60 familias que habitaban en estas infraviviendas fueron trasladadas, instantes después de la demolición a sus nuevas viviendas en Loma Colmenar. La misma situación se repitió entre los habitantes de Miramar-Chorrillo, que pasaron así a formar parte de los 225 adjudicatarios de esta promoción de VPO.
Obras ilegales
2.- El inicio de las construcciones ilegales no se hizo esperar. Tan solo dos días después de la adjudicación de las viviendas, algunas familias comenzaron a modificar, sin licencia de obra y en contra de la normativa estipulada para las promociones de VPO, elementos comunes, desde barandillas y verjas hasta cierre de zonas comunes. Estas obras modifican susceptiblemente el proyecto original, en algunos casos superando la superficie máxima permitida para las viviendas de protección oficial, además de generar deficiencias y patologías en los edificios, sin contar con el riesgo que esto supone para los vecinos.
Denuncias de la policía
3.- Una vez conocidas las actuaciones que se estaban acometiendo en la zona, la Policía Local procedió a denunciar las irregularidades cometidas, llegando a emitirse hasta diez denuncias.
Situación anterior
4.- A principios de semana la empresa municipal de la Vivienda, Emvicesa, anunció su intención de obligar a los adjudicatarios de las VPO de Loma Colmenar a devolver a su estado original el inmueble. Desde la Ciudad señalaron su firme postura de no permitir la continuación de este tipo de obras ilegales.
Consecuencias
5.- En la visita efectuada ayer por la mañana el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, reiteraba la decisión del Gobierno Autónomo de adoptar las medidas necesarias para erradicar las obras ilegales y volver al proyecto original de Loma Colmenar. La Ciudad ha dado un plazo de entre siete y diez días para que los adjudicatarios den marcha atrás en las construcciones so pena de que les revoquen la adjudicación de la vivienda.

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