UDCE insta al Gobierno central a que dé cumplimiento al acuerdo plenario que, por unanimidad, defendía los derechos de los musulmanes ceutíes detenidos en Marruecos y a quienes no se reconoce su españolidad. Imad Yajlufi. El taxista Abdeselam Ahmed. Milud Layachi... son los nombres de algunos de los ceutíes, de origen musulmán, que se las han tenido que ver con la justicia al otro lado de la frontera, llegando a ingresar en las cárceles de ese país dados como marroquíes. Sus historias se hubieran perdido entre las de miles de alauitas si no fuera porque ocuparon las páginas de este medio forzando a que la administración intercediera por ellos bien a través de la Delegación del Gobierno o bien a través de los consulados. Ellos eran los protagonistas de la moción que la senadora popular Luz Elena Sanín llevó el pasado jueves a la comisión de Asuntos Exteriores y que no pudo salir adelante al no contar con los votos suficientes. La popular quería forzar al Gobierno central a que, de alguna manera, presionara a Marruecos para que nunca un musulmán ceutí, por tanto español, vea aminorados sus derechos como tal cuando es detenido al otro lado de la frontera.
Más atrás en el tiempo, un acuerdo plenario suscrito por unanimidad por las fuerzas políticas, entre ellas el PSOE que el jueves incongruentemente votaba en contra a la moción de Sanín, pretendía lo mismo. Dicho acuerdo nunca se ejecutó. El trámite administrativo que debía dar lugar a la implicación del Gobierno central para que defendiera los derechos de los musulmanes ceutíes nunca avanzó en el tiempo.
“Se trata de defendernos a los musulmanes españoles, que somos muchos y de bien”, apunta el portavoz de la UDCE, Mohamed Alí. Su partido ha exigido que el Gobierno central cumpla con su misión de defender a los musulmanes españoles después de que las siglas que él defiende fueran las que estuvieron detrás de que dicho acuerdo plenario saliera adelante. Y no sin esfuerzos. El hecho de que el texto de aquella iniciativa se redactara en los momentos de mayor tensión político judicial en torno al ‘caso Nene’ provocó sus más y sus menos en el seno del PP, que no quería que su voto a favor se relacionara con el apoyo a la no extradición de Mohamed Taieb Ahmed a quien finalmente se le retiraría la nacionalidad española. UDCE recuerda que su propuesta hacía alusión no a la utilización maliciosa de las nacionalidades sino a los derechos que tienen los musulmanes, que son españoles pero que no son reconocidos como tal cuando son detenidos en Marruecos por azares de la vida. Ha pasado casi un año desde que las fuerzas políticas con representación en la Asamblea levantaron la mano a favor de esos derechos y aún hoy en día el Gobierno central no ha dado un paso que favorezca ese reconocimiento.
Al taxista Abdeselamn Ahmed pocas ganas le quedan para el recuerdo de su paso por una de las peores penitenciarías del vecino país. Un error en el sistema informático de la frontera le reconoció como dueño de un antiguo vehículo que ya había vendido y con el que otra persona cometió un delito. Fue detenido en el Tarajal ante la presencia de su mujer e hijo. La lucha de ésta y sobre todo de su hermano hizo que, tras la implicación personal del delegado del Gobierno y del consulado, fuera liberado. Durante varios días estuvo preso dado por marroquí, ya que de hecho no se había notificado al consulado de turno que se encontraba en la cárcel. Un inocente entre rejas que, de no ser por la presión mediática, se habría perdido entre la ristra de números de presos que se hacinan en las cárceles vecinas.
A Imad Yajlufi le sucedió tres cuartos de lo mismo. Preso por un delito que no cometió, no recibió la atención consular hasta que su arresto ocupó parte de la portada de este periódico. El último caso sangrante lo ha protagonizado Milud Layachi que todavía espera juicio en la cárcel de Salé y al que hizo falta más de un mes para que se le reconociera como español. Durante ese tiempo estuvo preso dado por marroquí hasta que las indagaciones consulares tras las continuas quejas de su familia y la intervención personal del delegado del Gobierno José Fernández Chacón, hicieron valer su condición de español.
Tras estos nombres de protagonistas hay muchos más. De hecho cualquiera puede llegar a engrosar la lista, sufriendo la merma de unos derechos hasta que no se haga constar de manera alguna la nacionalidad imperante. El hecho que subyace tras este asunto es el no reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla que sigue defendiendo Marruecos. Un nulo reconocimiento al que no se enfrenta la clase política. Ni un acuerdo plenario, ni una moción defendida ante la comisión de Asuntos Exteriores, ni la presión mediática han conseguido, de momento, un avance en tan espinoso asunto.
