Hoy llega a nuestra ciudad Soledad Becerril, Defensor del Pueblo y entiendo que necesito realizar una serie de apreciaciones a las manifestaciones que realiza en la entrevista que publicamos en nuestra edición de hoy, de manera especial al tema de los menores extranjeros no acompañados. Una de las afirmaciones que efectúa la titular de la institución es que quiere insistir para que cuanto antes se construya el nuevo edificio que albergará a los mena. Es cierto, que durante algunos años, la Ciudad Autónoma tomó la protección de estos menores como una circunstancia aleatoria, hasta que llegaron a tirarle de las orejas. Como reconoce la misma Soledad Becerril, las circunstancias han mejorado sustancialmente en los últimos años y, es verdad, que lo que falta realmente para culminar esta labor es que cuenten con una residencia definitiva y no el albergue de San José que ocupan, aunque, desde luego, es gloria comparado con el que existía en San Antonio. El Gobierno del presidente Vivas lleva muchos años esperando a que la Secretaria General de Inmigración y Emigración se defina políticamente y apoye la construcción de una nueva residencia, pero ante la falta de respuesta, lo cierto es que la Ciudad ha decidido seguir sola hacia adelante y al final terminará inaugurado el nuevo centro de ‘La Esperanza’. Debe tener en cuenta Soledad Becerril, que el problema de los mena es un fleco de la inmigración en general y que cuando la Ciudad Autónoma asumió las competencias a mediados de la década de los 90 el problema de los mena no existía. Sin embargo, a pesar de todos estos peros, lo cierto es que la Ciudad Autónoma ha cumplido a rajatabla la obligación que le impone las leyes de la tutela efectiva de estos menores.
Pero ello no quita para que defienda, como lo ha hecho, en la reunión de la Conferencia de Presidentes que distintas circunstancias derivadas del hecho fronterizo, como es el caso de los menores extranjeros no acompañados, la necesidad de una mayor aportación estatal. Porque aunque en la vida todo no es dinero, resulta que el coste para las arcas autonómicas supera los cinco millones de euros y se recibe no más de un millón cuatrocientos mil.
