Parece que el gobierno se empeña en abrir frentes por todas partes. Mientras aún resuenan muchos ecos y objeciones a la ley Mordaza, que no se nos olvide algo aún más insólito y por el que se han mofado de España en diferentes partes del mundo: el impuesto al sol.
Sí, tal y como suena, el gobierno tiene abierto un proyecto de ley en el que pretende imponer un impuesto al autoconsumo de energía que provenga de paneles solares. Algo sin precedentes y con el agravio de que viene después de quitar las subvenciones a las energías renovables, por el que hubo gente que se endeudó en su día.
Si intentamos pensar con sentido común, en un país como España, donde disfrutamos de tantísimas horas de sol al año, siendo una fuente inagotable de energía, se debería potenciar el autoconsumo en lugar de ponerle trabas. Además, la instalación de paneles fotovoltaicos es rentable a medio/largo plazo y podría facilitar el acceso a la luz a una energía totalmente limpia, con los beneficios medioambientales que ello conlleva. A priori no hay razón de imponer trabas e impuestos.
Curiosamente el segundo borrador de esta ley (el primero fue hace 2 años) se dio a conocer hace alrededor de un mes, justo después de que Tesla (una compañía norteamericana) anunciara una revolucionaria batería mucho más potente y barata que las actuales. Tesla Energy supone un punto de inflexión para el uso de las renovables, especialmente la energía solar, ya que sus productos permitirán almacenar mucha más energía durante las horas de sol para su consumo durante la noche. Si a ello le añadimos que España es un país privilegiado en cuanto a horas y energía solar se refiere, está claro que representa una amenaza para las compañías eléctricas.
En dicho segundo borrador de este año se pretende, además de grabar la producción de energía y dejar de retribuir a los que regalen los excedentes, imponer una tasa a las baterías que almacenen energía durante las horas de sol para usarlas más tarde. Todo esto en un país donde el recibo de la luz ha subido un 80% en los últimos 10 años.
Por lo tanto, los claros beneficiados (protegidos) serían las compañías eléctricas, que vienen a ser el oligopolio más grande que aún queda en España, e históricamente han estado muy cercanas a los políticos. Yo pienso que una medida así por parte del gobierno atentaría contra el libre mercado y la libre competencia. Hace unos días comenzó una campaña de recogida de firmas por internet en contra de este proyecto de ley y ya van camino de las 200.000 firmas. Esperemos que la comisión nacional de mercados y la competencia (CNMC) y Bruselas hagan el resto para oponerse a una ley tan absurda.
