Los que ganan el dinero con el “sudor de su rostro” no tienen la necesidad de acogerse a medidas fiscales extraordinarias. Dios dijo esa frase a Adán y Eva, pero entonces no había Ley de Protección de Datos. Una Ley que tendría sentido si, por ejemplo, los que nos impiden disfrutar de una mejor sanidad, una buena ley de dependencia, una mayor protección para los desempleados son delincuentes “autónomos”, pero no si los defraudadores son funcionarios públicos, cargos de relevancia o personas que gestionan nuestro patrimonio publico, según el argot de la Agencia Tributaria PEP (Personas con Exposición Pública).
Los medios hablan de que en la lista de “PEP” podrían estar jueces, militares y altos cargos, algo muy preocupante, porque podemos estar en manos de personas que carecen de la honestidad que se le presume a los que tienen la capacidad y autoridad de gestionar lo público y perciben un salario de los contribuyentes. Rodrigo Rato es uno de los 715 españoles de la lista y ha sido detenido en directo y expuesto al sscarnio público. No hay protección de datos para Rato y eso lo convierte en víctima de un sistema que no ha funcionado. Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer a los responsables de comportamientos delictivos e inaceptables de ciudadanos y cargos públicos de esta relevancia, pero es intolerable que no se respeten otros derechos que corresponden a los detenidos. Esta sobreexposición -idas y venidas de Rato- ha sido aprovechada por los preferentistas para hacerse visible y expresar su repulsa por el caso Bankia, que les afecta directamente, porque han perdido el dinero invertido, no porque haya defraudado a la hacienda pública. Nadie se ha manifestado para conocer los nombres de esas personas, porque no estamos educados y concienciado para reprochar nada a los defraudadores, sólo somos solidarios y reivindicativos si el dinero es nuestro, no de los españoles. Hemos llegado a un extremo de inmoralidad que sólo nos preocupa nuestra casa, nuestro dinero y hemos olvidado que nuestra casa es más grande de lo que pensamos, porque se llama Estado “España” y si olvidamos que disfrutamos de servicios públicos porque pagamos impuestos estamos perdidos. Perdimos el sentido crítico, el interés por lo público y la capacidad de aborrecer a los que nos hacen perder nuestra fe en las Instituciones, en los sindicatos y en las asociaciones. Ese sentido crítico, de control de la gestión, se ha perdido hasta en las asociaciones y organizaciones donde pagamos nuestras cuotas. Nos limitamos a pagar para tener un abogado y un seguro de haberes para sanciones disciplinarias y no nos importa nada más. Los que las dirigen pueden gastarse el dinero en lo que deseen, que los afiliados no pedirán las cuentas y si alguno se atreve es un bicho raro, una especie en extinción, porque su comportamiento no es el deseado. Las cuentas no son enviadas a los afiliados para que conozcan los movimientos y poco a poco se conviertan en empresas que dan un servicio y se pierde ese espíritu participativo que se espera de las organizaciones representativas y sindicatos. Este pasotismo ciudadano de implicación con lo público ha facilitado los muchos casos de corrupción, de facturas de comidas desorbitadas, de jubilaciones de trabajadores ficticios. Esa es una de las razones para legislar una Ley de Transparencia que permita conocer las cuentas de las personas de especial relevancia, de los ayuntamientos, comunidades, sindicatos y asociaciones porque se evitaran muchos excesos y, sobre todo, para que los que quieran luchar contra las corruptelas lo tengan más fácil, porque los trincones no abandonarán su empeño y buscarán nuevas formas para llenar sus corruptas barrigas.
