Los interventores están de moda. Desde que a cientos de cargos públicos los han procesado, para vergüenza de todo el país, por haber hecho un uso indebido de los fondos públicos y haber eludido los controles legalmente establecidos, las miradas vuelven a estar puestas en esos funcionarios "grises" (para algunos), que se dedican, a veces de forma incómoda para muchos, a contabilizar y velar por la legalidad económico financiera de lo que se gasta.
Cuando yo entré en la Administración Pública, hace ya bastante tiempo, la primera llamada que recibí fue la del interventor. Don Víctor se llamaba. Era un hombre poco hablador, pero muy respetado. Siempre encerrado en su oficina trabajando. Cuando se enfadaba todo el mundo se echaba a temblar. Hasta el viento parecía que se paraba en la oficina. Era normal. En aquellos días, al menos en la Seguridad Social, todo se pagaba por caja. Hasta la prestación por desempleo. Y también se recaudaban por ese sistema algunas cotizaciones. Recuerdo que el funcionario responsable de la Cámara Agraria de la localidad de mi primer destino, venía a vernos una vez por semana y nos traía en los bolsillos varios millones de pesetas de las de entonces. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Seguridad Social es como el de todo el Estado, el control físico del dinero era entonces una función capital. Y ahí era clave la figura del interventor.
Pero el tiempo pasó. Todo se informatizó. Gobernaba en nuestro país el Partido Socialista. Dicen que Alfonso Guerra había comentado que para su partido las instituciones del Estado no eran más que un instrumento al servicio del fin superior de conseguir el socialismo en el país. No sé si es verdad, pero lo ocurrido después es coherente con esta aseveración. El hecho es que los socialistas no compaginaron mucho con el Estado de Derecho, al menos en su primera etapa de gobierno, cuando muchas instituciones estaban controlabas por los fieles a la Dictadura. Es verdad que hicieron grandes reformas y prestaron importantes servicios al país. Pero también en torno suyo se agrupó gran cantidad de pillos y ladrones que saquearon los fondos públicos. También ha ocurrido con casi todos los demás partidos políticos.
Pero por qué han fracasado todos los controles, internos y externos, de los que se han dotado nuestras instituciones. La cuestión es difícil de explicar y mucho más difícil de entender. Aunque en muchas comunidades autónomas se carece de cuerpos especiales de funcionarios preparados para el control financiero y la contabilidad (Andalucía, por ejemplo), no es el caso de la Administración Central. Tanto la Intervención General del Estado, como las Intervenciones dependientes funcionalmente de la misma (Defensa y Seguridad Social), los cuerpos de habilitación nacional de la Intervención Local o los del Tribunal de Cuentas, cuentan con cuerpos especiales de alto nivel y preparación técnica en estas materias. No conozco a ningún compañero que haya estado preparando estas duras oposiciones menos de dos o tres años.
Mi opinión, tras una larga trayectoria en la Administración Pública (casi siempre en la Intervención) es que a la Intervención y al Tribunal de Cuentas se les ha utilizado de forma caprichosa por los distintos gobiernos de turno, y se les ha pretendido mediatizar para ponerlos al servicio de sus intereses partidistas y objetivos políticos. Y no lo digo porque cada vez más se resten parcelas al control financiero previo, para pasarlas al control financiero posterior, mediante alguno de los procedimientos de auditoría establecidos. Yo soy un firme defensor de la bondad de la auditoría pública, pues si las técnicas que se emplean son correctas y están estadísticamente bien diseñadas, obtiene resultados bastante precisos sobre la auténtica situación financiera y legal de los órganos controlados. El problema es la asunción de responsabilidades por parte de los funcionarios que cometen irregularidades, que a su vez está relacionado con la forma de nombrar a los propios interventores.
Respecto a la primera cuestión, solo bastaría echar un vistazo a los miles de informes que supongo duermen el sueño de los justos en los cajones de algún despacho, fundamentalmente de algún Ayuntamiento o Comunidad Autónoma. En lo referente a lo segundo, habría que cuestionarse si el nombramiento por el procedimiento de "libre designación", que lógicamente conlleva el cese por razones políticas, es el más adecuado para cuerpos técnicos que necesitan gozar de una independencia casi similar a la de los Jueces para poder realizar su función con total profesionalidad.
La definición más certera de lo que pensaban muchos socialistas sobre la función del interventor, en aquellos años en los que se comenzaron a descubrir los primeros casos de corrupción masiva, me la dio un director, cuando en una discusión me dijo: "eres como una verruga, que no me sirve para nada, pero que no me la puedo quitar". Se equivocó. Los que le siguieron, más avezados, una vez que consiguieron pasar a los Interventores a la libre designación, comenzaron a cortar las cabezas de los más díscolos.
Pero si todo lo anterior es grave, el espectáculo que están dando los ex presidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán, junto a alguno de sus "secuaces", es verdaderamente vergonzoso. Que ahora vengan a decir que ellos no vieron los informes de la Intervención y no sean capaces, ni siguiera, de asumir sus propias responsabilidades, es lo más cobarde y cínico que yo le había oído jamás a un político en activo. Pero claro, también estos interventores de Andalucía (muchos de ellos de mentira), que se dejaron querer y se pusieron al servicio del poder político de turno, mirando para otro lado en muchas ocasiones, tienen su parte de culpa. Y al igual que los soldados de Viriato fueron ejecutados por el consul Escipión, por traidores, al ex interventor general de la Junta de Andalucía también lo han echado a los leones al grito de "Roma no paga traidores". ¡Que cada palo aguante su vela!
