A primeros de este mes, Capitanía Marítima de Algeciras estableció el canje obligatorio de pasajes por unos días, a consecuencia del enorme atasco de vehículos y pasajeros existentes en el puerto. Estábamos inmersos en plena Operación Paso del Estrecho. Las colas amenazaban con paralizar la circulación en la ciudad.
La respuesta de las navieras fue incrementar los precios de los billetes de barco, tanto de pasajeros, como de vehículos, y alterar los horarios. Los cambios se producían a velocidad de vértigo. Sin aviso previo. Incluso en el mismo día. De pronto, desaparecían las ofertas; o el precio del billete de residente de Ceuta pasaba de 15 a 26 euros. Ni un atisbo de sensibilidad. Ni el más mínimo sentido de la responsabilidad ante una situación de emergencia. No encuentro argumentación racional alguna a este disparate. Un atropello más a los derechos de los consumidores. Es a lo que nos tienen acostumbrados en esta ciudad.
Meses atrás, una de las tres compañías que supuestamente “compiten” en el Estrecho, decidió rebajar el importe del pasaje en sus travesías hasta Ceuta en más de un 70%. Los efectos positivos para la actividad portuaria fueron inmediatos. Se incrementó el número de personas que venían a Ceuta a pasar el día y a realizar alguna compra. Era de sentido común. También los estudios disponibles dan cuenta de la alta elasticidad que tiene el precio del transporte sobre el incremento de viajeros.
Así, en un estudio de Pedro Tena sobre la relación de los medios de transporte y el turismo en la Comunidad Europea, en los años 90, se llama la atención sobre la necesidad de mejorar y abaratar el precio del transporte, para así incrementar el número de turistas en toda la Comunidad. En un sentido similar, Pilar Lobo y Beatriz García, ambas del Instituto de Estudios Turísticos de España, en 2008 resaltan la tremenda influencia que han tenido las compañías aéreas de bajo coste sobre el incremento del número de turistas. Y mucho antes, allá por los años 60, Gonzalo Cortiñas ya nos llamaba la atención respecto a la indudable relación de los medios de transporte con el turismo, pues “el concepto mismo de turismo lleva en sí la idea de un desplazamiento geográfico de las personas”. Es decir, la cantidad y calidad de los transportes, así como su precio, tienen una indudable relación con el incremento de turistas.
Aplicando lo anterior al caso de Ceuta, es evidente que buscar una política de transporte eficiente, que haga mejores y más baratas las comunicaciones con la península, es uno de los objetivos estratégicos más importantes que se deberían abordar en el menor espacio de tiempo posible. Para ello, son varias las cuestiones a tener en cuenta.
Primero. La política comunitaria de transportes está notablemente influenciada por las normas internacionales y el Derecho Comunitario. Las ideas motoras de la misma no son otras que crear un régimen uniforme de transportes para facilitar el mercado interior y alcanzar la competencia leal entre los agentes económicos, la realidad del coste del servicio pagado, la desregulación del sector del transporte, además de la seguridad y fiabilidad de los modos de transporte.
La combinación de los anteriores principios ha llevado a la desaparición de gran parte de los vestigios de intervención pública. Sin embargo, el libre acceso al mercado puede ser restringido o condicionado por la Administración por razones de interés general, como desajustes de la oferta y la demanda, razones de política económica ligadas a una mejor utilización de los recursos disponibles, para asegurar una adecuada satisfacción de las necesidades de la comunidad…etc. Es decir, las Administraciones Públicas tienen competencias suficientes para limitar las actividades de las empresas privadas, si ello significa un mayor beneficio a la sociedad.
Segundo. Ser conscientes de que en Ceuta llueve sobre mojado y cada vez hay menos tiempo para reaccionar. La creación de un grupo de trabajo para fijar las directrices estratégicas de una política de transporte eficiente para la ciudad, con presencia de las distintas partes interesadas, tanto de la Administración Pública, nacional y local, como de las empresas del sector turístico y de transporte, asociaciones de consumidores y sindicatos, es urgente.
Si esto se hace, podrán aportarse soluciones. Porque las hay. Entre las medidas extremas como la gratuidad total del precio de los billetes de los barcos (caso que se aplica en la ciudad de Nueva York para el transporte en ferry hasta Staten Island), o la puesta en servicio de un ferry de propiedad municipal, con precios más asequibles, hay soluciones intermedias. Quizás una de ellas sería ver la forma de subvencionar los billetes de los no residentes, sin que ello les obligue a pernoctar en un hotel de la ciudad. Otra, hacer cumplir la legislación vigente a las navieras. No sólo las leyes de la competencia. También el obligado respeto a los derechos de los pasajeros.
No olvidemos que el billete de barco no es más que un contrato de pasaje regulado en el Código de Comercio, en el que se contemplan unos derechos del pasajero que no siempre se cumplen. Aunque también hay otra solución. No hacer nada. Es lo más cómodo para los que están en el poder, pero lo peor para los ciudadanos.
