Tras el último apedreamiento a las unidades de Bomberos se ha vuelto a poner de manifiesto la vigencia del famoso protocolo. Un acuerdo con el que, por escrito, quería dejarse clara cuál era la actuación que debía llevar a cabo cada fuerza de seguridad, con tal de evitar las posteriores críticas en prensa. El protocolo surgió como un parcheo para frenar las “interpretaciones” que luego salían publicadas y afeaban la actuación de unos y otros. Sirvió para ‘vender’ una solución a un asunto que nunca ha sido abordado de raíz, convirtiéndose en el mayor de los absurdos nacido en un despacho. Que la Policía Nacional tenga que proteger a una Local que a su vez protege a unos Bomberos porque los responsables de todo este desaguisado no han sido capaces de controlar una delincuencia que ahora se ha hecho fuerte... termina siendo algo grotesco. ¿Protegemos al que a su vez debe protegernos? No cuadra.
Quienes quedan en el último eslabón de la cadena, asistiendo con sorpresa a todo lo que se mueve a su alrededor son unos Bomberos que se han convertido en una víctima más de la delincuencia. No en la única, sino en una más, porque ya han resultado apedreados muchos colectivos. Bien es cierto que ellos se llevan, desgraciadamente, ‘la palma’ , pero sobre la mesa quedan más grupos que, incluso, han recibido perdigonazos (¿se acuerdan de Cruz Roja?).
El protocolo no funcionó el pasado domingo, pero la clase política que sale a la palestra para lanzar mensajes sin peso (es de cajón que existe un apoyo al SEIS y que éste seguirá atendiendo el Príncipe) es incapaz de asumir la parte de responsabilidad que está existiendo para que intervenciones terminen como han terminado.
Hoy, todavía, no hemos escuchado la versión que, por lealtad, transparencia y respeto a la verdad, debería haberse escuchado. Más que todo para que aprendamos a llamar a las cosas por su nombre antes de que, con los resultados afeándonos la gestión, evitemos hablar sobre lo que debemos.
