Después de la estancia de investigación realizada en la Universidad del Estado de Nueva York, aprovechando mi mes de vacaciones, ya me apetecía volver a España. Echaba de menos algunas cosas. Fundamentalmente el no vivir en continua tensión. Al límite de lo humanamente soportable. Con el comercio y los medios de transporte funcionando 24 horas al día, durante toda la semana. Aparentemente así se produce más. Pero los datos y estudios disponibles desmienten esta teoría. Nuestro país es tan productivo como los países más avanzados, en algunos sectores, como el de la industria manufacturera (ver ¿Por qué los salarios son tan bajos en España? en http://www.vnavarro.org/?p=7775). De hecho, nuestros trabajadores, en cualquier nivel de cualificación, son de los más cotizados y prestigiados en aquellos países en los que desarrollan su labor.
También echaba de menos las montañas de Sierra Nevada, en Granada, y el relajante viaje en barco hasta Ceuta, desde Algeciras. Relajante hasta que te lo chafan. Es lo que nos ocurrió cuando íbamos a embarcar en la última rotación de la noche a nuestra vuelta. El precio que tuvimos que pagar fue el de “no residente”. La causa, que nuestro querido Gobierno, en un afán recaudatorio sin límites, casi rozando lo confiscatorio, decidió poner en marcha, justo al finalizar las vacaciones, la medida de que el DNI ya no sirve para acreditar la residencia en Ceuta y demás lugares extrapeninsulares. Bajo mi punto de vista, este decreto podría ser el típico ejemplo de la utilización torticera de la ley para obtener algo por otro medio. Es decir, lo que técnicamente se llama fraude de ley, efectuado con abuso de poder. Prácticas ambas prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Evidentemente, al que tiene un DNI con residencia en Ceuta, que para obtenerlo le exigieron un certificado de empadronamiento, no se le puede decir ahora que no vive en Ceuta. Es más, estamos obligados por ley a indicar la dirección correcta en este documento. En todo caso, si se descubre que es falso, que se proceda contra el falsario. Pero que no nos hagan pagar a justos por pecadores. Si a esto sumamos el tiempo que tardaremos en obtener dichos certificados, dado el colapso que se ha formado en las oficinas municipales, la consecuencia inmediata es el aumento de la recaudación vía menor subvención a las navieras. Este es el fraude legal, en mi opinión. Pero ¿quién recurre?. Para cuando surta efecto, ya se habrá normalizado el servicio.
Aunque he seguido los acontecimientos de Ceuta por las páginas de “El Faro digital”, y dentro de éste, por la tira cómica de Vicente y Adrián, que en unas geniales trazas de carboncillo te describen a la perfección, y con el adecuado grado de mordacidad, la actualidad local; no obstante ha quedado margen para ser sorprendido a la vuelta con algún nuevo artículo de opinión, en este caso de un buen amigo mío, en el que critica la más que razonable postura defendida por la Mesa por la Economía, y por la mayoría de partidos políticos presentes en la Asamblea de Ceuta, respecto a la necesidad de que el servicio de transporte de viajeros en el Estrecho se haga por una sola compañía. Argumentos económicos teóricos y prácticos para apoyar esta nueva postura de la Asamblea de Ceuta los hay. También muchos ejemplos de servicios públicos cuya provisión se hace por empresas privadas en exclusiva (autobuses urbanos, autovías de pago, hospitales bajo la forma de fundación, servicios de ambulancia, servicios de recogida de basura, servicios de alumbrado…..).
Lo que más me ha llamado la atención de este artículo de mi buen amigo José María, es su argumento de que, si se aplica, se vulnerará el principio de la libre competencia consagrado en la Constitución Española y también en los Tratados de las Comunidades Europeas. Nada más lejos de la realidad. Si tuviéramos la suerte de que se tomara esta decisión, la libre competencia se garantizaría simplemente cumpliendo las normas de publicidad, mérito y capacidad en el concurso público de adjudicación, que también consagra nuestra Constitución. Porque para eso están estos principios, aunque no siempre se respeten. Es ahí donde se da la competencia de las empresas que quieren ofertar la prestación de algún servicio público, pero con un pliego técnico de condiciones en el que se clarifiquen adecuadamente los barcos a utilizar, la plantilla, el número de rotaciones, los precios….Lo mismo que deben hacer las empresas de ambulancias, o las de recogida de basura, por poner dos ejemplos cercanos. Evidentemente, si hay una sola compañía, pero fuertemente controlada por los poderes públicos, los costes fijos y variables podrán ser menores, las rotaciones mayores y el precio del billete menor, a pesar de que el margen de beneficio aumente. Es una cuestión de sentido común. Como decía en algún artículo anterior, en Nueva York se da este servicio de Ferry totalmente gratuito, para viajar a Staten Island, pues el Ayuntamiento recupera su coste con los impuestos de los miles de turistas que lo usan.
Pero es que además, no puede olvidarse que nuestra Constitución establece que España es un Estado Social y Democrático, lo que implica que nuestro régimen económico ha de estar intervenido por los poderes públicos para garantizar, además de la libertad de empresa, el adecuado reparto de las rentas entre los ciudadanos. Y eso es lo que se va a hacer en el Estrecho si se consigue bajar los abusivos precios de los billetes de los barcos.
