La ayuda europea a la banca española es la clave para el futuro del euro, la credibilidad del proyecto europeo y la solvencia del sistema financiero. El Partido Socialista Obrero Español tuvo oportunidades desde el gobierno para sanear el sistema bancario cuando los costes financieros eran bajos y no lo hizo. Ahora, el Gobierno del Partido Popular tiene que llevar a cabo el saneamiento bancario que Europa ya realizó entre 2008 y 2009 para que vuelva a fluir el crédito.
Las ayudas europeas a los bancos deben romper claramente el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano para recuperar la confianza. El propio presidente de la Comisión Europea alerta de que la contaminación de la deuda tendría consecuencias muy negativas para los mercados.
Serán necesarias reformas estructurales, incluyendo la unión bancaria y fiscal en la Unión Europea. La necesidad de caminar decididamente hacia la consecución de un supervisor único, un fondo de garantía de depósitos común y un mecanismo de actuación para la restructuración financiera porque todos estamos en el mismo barco.
El principal motivo por el que sigue subiendo la prima de riesgo es porque los inversores están perdiendo la confianza en la moneda única. España, como parte de la zona euro, forma parte de los países que están en el foco de desconfianza. Por esta razón, la penalización de los mercados no se corresponde ni con la potencialidad económica española ni con los esfuerzos que se están llevando a cabo, algo que se acabará reconociendo en las próximas semanas.
El objetivo de todos los Estados miembros debe ser la defensa del euro, por encima de todo, como un proyecto irreversible. Las decisiones que se tomen en las próximas citas europeas serán claves para el futuro de la moneda común.
Los resultados de las elecciones griegas son una buena noticia para los griegos y para Europa porque Grecia ha apostado por el euro. La estabilidad política será clave para abordar el futuro del país sobre la base del cumplimiento de los compromisos con los socios de la moneda única.
El G-20 respalda el plan de recapitalización bancaria de España. El G-20 insta a la UE a resolver la crisis de deuda que está provocando la desconfianza de los mercados. El G-20 apoya también medidas para poner en marcha un supervisor único europeo para la banca y un fondo de garantía de depósitos común
El Gobierno va a continuar con la agenda de reformas porque es prioritario recuperar la credibilidad de los mercados en Europa. Hay que hacer reformas que hagan nuestra economía más flexible, más competitiva para que vuelva a fluir el crédito entre familias y pymes.
El Gobierno reformará la Administración para adaptarla a las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno ha sido el primero en adaptarse al Plan de Austeridad racionalizando el sector público y el número de altos cargos. Una de las primeras medidas del Gobierno fue la reducción de altos cargos y personal directivo con un ahorro de cinco millones de euros. Puso en marcha un Plan de racionamiento del sector público y fundacional con el que redujo 80 sociedades.
Las administraciones públicas deben redimensionarse para adaptarse a la sociedad actual ofreciendo las mismas prestaciones de calidad. En diez años, el número de funcionarios en las administraciones públicas ha crecido en un 20%: en total, 440.000. Ni la población ni sus necesidades han crecido proporcionalmente. Como ya lo ha hecho la administración central, CCAA y ayuntamientos deben adaptarse al plan de estabilidad presupuestaria: no gastar lo que no se tiene. Las administraciones son la base del bienestar de los ciudadanos, por lo que el objetivo es garantizar su sostenibilidad para que siga siendo así.
Se pondrá en marcha un “Estatuto del directivo público” para acabar con el vacío legal actual sobre las funciones de este colectivo. Se regulará la vinculación entre el personal directivo y la administración y el desarrollo de los procesos de selección, entre otros asuntos.
La reforma de la Administración eliminará duplicidades y solapamientos. La máxima de esta reforma es: una administración, una competencia. Para ello, uno de los primeros pasos es clarificar las competencias, especialmente la de los ayuntamientos para proteger su salud financiera.
Se asegura la sostenibilidad de los servicios públicos mediante un nuevo modelo de financiación de la administración local. La financiación de los ayuntamientos es una prioridad para el Gobierno. Entre otras medidas, se ha ampliado su financiación con el plan de pago a proveedores, con el incremento de su partida en los PGE y la ampliación a 10 años para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
Las necesidades de la banca española son manejables e inferiores al límite de Bruselas. Tres ideas clave: 1. El 70% del sistema financiero español está saneado y es fuerte. 2. Las necesidades son la cuarta parte del límite garantizado por el Eurogrupo, en un escenario prudente y del 62% en el más adverso. 3. Los españoles tienen sus ahorros garantizados y la seguridad de que la ayuda a las entidades con problemas no saldrá de sus impuestos.
Las necesidades de capital de la banca española se limitan al 30% de nuestro sistema financiero. Las entidades en dificultades que necesitarían recapitalización representan una minoría, únicamente el 30% del sector. Este dato demuestra que el 70% de nuestro sistema financiero está saneado. Los tres grandes grupos del sector financiero español podrán recapitalizarse sin ayuda pública aún en el escenario más adverso.
El saneamiento del sistema financiero español es fundamental para que vuelva a fluir el crédito entre familias, pymes y emprendedores.
